Por José Luis Camacho López
El juez Baltazar Garzón es enjuiciado por abrir los expedientes de los crímenes de Francisco Franco. España vive aún la tragedia de una guerra civil a 76 años de distancia.
No hay olvido para las víctimas de una desigual guerra contra los republicanos y de un régimen vinculado al odiado régimen nazi; imposible cuando la España de Franco fue parte de la exterminación de seis millones de mujeres, ancianos, jóvenes, niños del pueblo judío.
Franco intentó salvarse del juicio de la historia con la supuesta versión de que había contribuido a evitar su exterminación. La formulación de una lista de la población judía que vivía en España que elaboró Franco para entregársela a Himmler lo desmiente.
México vivirá en unos meses una situación excepcional por ahora ignorada en su gravísima dimensión, las víctimas de la violencia que ha vivido el país desde diciembre de 2006. No será posible soslayar que los crímenes de las 60 mil víctimas y los 16 mil desaparecidos puedan ser sepultados por un deliberado olvido o una justicia que imponga como estrategia la dilación para buscar el olvido y eventualmente la resignación de las familias.
Tampoco repararán el dolor de miles de familias operaciones de cicatriz, como banalmente lo suscriben buena parte de los medios impresos o electrónicos, al referirse a las escenografías o montajes mediáticos de Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero después de una agria reyerta cargada de insultos y vejaciones o la que representaron y simularon a la maravilla Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel López Obrador, distanciados por sus diferencias de caudillos y por otras causas que se remiten a 1987 cuando salió del PRI el grupo cardenista; o la de Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones por la candidatura presidencial.
El tema de los crímenes y desapariciones de la guerra al narcotráfico o entre el narcotráfico estará inevitablemente en la agenda de prioridades de quien asuma la Presidencia el 1 de diciembre de 2012, así sea la presidenta Josefina Vázquez Mota o los presidentes Enrique Peña Nieto o Manuel López Obrador.
El número de cadáveres o expedientes de los desaparecidos será de tal magnitud que el próximo gobierno, ni con anteojeras, los podrá negar.
Extraña que Cuauhtémoc Cárdenas en su documento “2012, un México para todos”- título que dice le robó Josefina Vázquez Mota- haya hecho a un lado este perturbador tema, lo que evidencia que el caudillo no está al tanto de lo que pasa en el país como se jacta en la exposición que hizo el martes al reunirse con López Obrador y las estrambóticas izquierdas que lo acompañan en su nueva versión amorosa de candidato presidencial, mientras el país está manchado de sangre de las víctimas de la guerra del quinto gobierno panista.
La viperina lengua de Ramón Pieza Rugarcía dice que el PAN empezó a gobernar con Miguel de la Madrid.
El lunes pasado, frente a la representación del Gobierno de Nuevo León, un grupo de activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Libertad llevaron a cabo un mitin de exigencia de la presentación de los desaparecidos de Nuevo León en esta guerra de infamias, sea quién fueren los victimarios frente a un Estado omiso que se lava las manos con el manido argumento de que los muertos los producen las rivalidades entre las bandas de carniceros del crimen organizado.
El mitin fue en apoyo de la entrevista que en Monterrey tuvieron representantes de ese Movimiento y otras similares de la entidad la LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia) y de CADHAC (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos) con funcionarios de la Procuraduría de Nuevo León para saber de las pesquisas para dar con el paradero de los desaparecidos. Ha sido la sexta reunión sin resultados de los 117 casos de desaparición en la entidad. Ninguna de las personas sin paradero ha sido encontrada.
Cuatro de esos casos fueron expuestos con sus fotografías en la representación del Gobierno de Nuevo León en las calles de Filomeno Mata y Cinco de Mayo de la ciudad de México, los de Gustavo Castañeda Puentes, desaparecido en febrero de 2008; Julio Alberto Josúe Alonso, desaparecido en 2008; Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido en 2011, y Melchor Flores Hernández, desaparecido, en 2009. En esas desapariciones están las evidencias de que fueron levantados por policías municipales.
El procurador Adrián de la Garza y el gobernador Rodrigo Medina, como la mayoría de los funcionarios, gobernadores, procuradores, secretarios de seguridad pública, legisladores y presidentes municipales del país carecen de una sensible visión que les advierta desde ahora que los crímenes y desapariciones tendrán repercusiones más inmediatas que las de España durante la guerra civil.
El ataque de que fue víctima Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa de Ciudad Juárez, en una precaria vivienda de un conjunto habitacional de Coyoacán, donde fue albergada por las mezquinas autoridades del gobierno de Marcelo Ebrard con el supuesto propósito de protegerla , es otro aviso de que el Estado mexicano es un fracaso en su responsabilidad de garantizar la vida de quienes como la señora Andrade asumen tareas que le corresponden desde el Presidente de la República hasta el servidor público de seguridad en la escala más baja de la estructura burocrática gubernamental.
En España, los franquistas han buscado afanosamente impedir que el juez Garzón continué abriendo los expedientes de la guerra de exterminio del dictador; en México a pesar de que seguramente habrá panistas, como Juan de Dios Castro que está envenenado de rabia por la candidatura de Vázquez Mota, que se opongan a que se conozca en el próximo gobierno la dimensión de los crímenes y desapariciones, el juicio será inevitable.
El PAN gobierno de Calderón vive sus últimos meses, lo que no significa que se apaciguara; al contrario, redoblará su virulencia para acallar y justificar las muertes y desapariciones de las víctimas.
Pero no las tiene todas consigo, perdió su fanático candidato Ernesto Cordero, y Josefina Vázquez Mota, candidata de un partido al cual el corresponsal de El País, Luis Prados, se refiere como “ fundado en los años treinta del siglo XX, con simpatías franquistas en sus orígenes”, si llega a Los Pinos o si es Peña Nieto o López Obrador, o cualquiera de ellos, obligadamente pedirán cuentas de una costosísima guerra y como en España, los familiares de las víctimas tendrán derecho a saber por qué de este holocausto.
