México DF.- La CNDH solicita clemencia para el mexicano Humberto Leal García condenado a muerte en Texas, por lo que envió a la Junta de Perdones y Libertades de Texas, de Estados Unidos de América, la suspensión de su ejecución programada para el 7 de julio.
El documento fue enviado al gobernador de Texas, Rick Perry, en base a que el 31 de marzo de 2004, en el expediente conocido como “Caso Avena y otros nacionales Mexicanos”, la Corte Internacional de Justicia determinó que se habían violado los derechos del mexicano.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita que se conmute la pena capital ya que a Humberto Leal García, le fue negada la garantía que contempla el Derecho Internacional de notificar y darle asistencia consular para organizar su defensa ante los tribunales, como lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena.
El documento firmado por Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, subraya que el respeto a la vida y a la integridad corporal son pilares del catálogo del ius cogens, constituido por un conjunto de principios esenciales para la vida civilizada entre los individuos, los pueblos y las naciones.
Además destaca que la decisión que se adopte a favor de Humberto Leal García, de 38 años de edad, sin duda será reconocida por la comunidad internacional como signo inequívoco del compromiso que toda autoridad debe tener por el respeto a la vida y a los derechos fundamentales del ser humano.
En el marco del Programa contra la Pena de Muerte, la CNDH ha considerado necesario que se intensifiquen las acciones tendientes a evitar la pena de muerte en este y otros casos de mexicanos recluidos en cárceles extranjeras.
Respecto a la situación de los hermanos José Regino, Luis y Simón González Villarreal, que se encuentran encarcelados en una prisión en Malasia, desde el pasado mes de marzo la Comisión Nacional, en atención a una queja de familiares, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores darle el seguimiento requerido.
La posición asumida por el Organismo nacional se ajusta a los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la vida y se apega a lo que establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.