La CNDH instó al gobierno de México cumplir con la 14 recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de ONU, para fortalecer los esfuerzos y que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas. Se reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes para que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, entregó al gobierno mexicano, en un acto efectuado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York, 14 recomendaciones resultado de su visita oficial a nuestro país, realizada en octubre de 2015.
Ante ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reafirma su compromiso de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los derechos Humanos a fin de impulsar el cumplimiento de estas recomendaciones.
Asimismo a través de un boletín de prensa la CNDH señala que el Gobierno de México puede implementarlas, toda vez que son atendibles e impulsar los esfuerzos de las distintas autoridades, a fin de dar cumplimiento a las mismas.
Políticas públicas
en favor de las mujeres
Las recomendaciones ponen énfasis en el fortalecimiento de las políticas públicas en favor de las mujeres; así como garantizar la consulta previa a Pueblos Indígenas y el combate a la impunidad.
Como es conocido, el Gobierno mexicano señaló que, con posterioridad a la visita del Alto Comisionado, el diálogo sostenido con la citada instancia ha permitido al Estado mexicano compartirle una visión completa de la situación de los derechos humanos en el país, de los avances y desafíos, y del compromiso para atender dicha comunicación de manera integral.
Promover un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública, para que las políticas en la materia y las instituciones que las ejecutan cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y se garantice la efectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas; así como adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos, en concordancia con estándares internacionales, y crear una institución nacional forense, autónoma e independiente.
Registro nacional
de detenciones
Recomienda igualmente llevar el registro de todas las detenciones mediante la adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado de todo tipo de detenciones y personas privadas de la libertad.
Garantizar el profesionalismo e independencia de los órganos públicos locales y federales, incluyendo los de administración y procuración de justicia e instituciones de derechos humanos.
Además de ratificar instrumentos internacionales que están pendientes de ese proceso. Así como asegurar y monitorear la implementación de los estándares y recomendaciones internacionales y regionales de derechos humanos.
Consulta previa a los
Pueblos Indígenas
El Alto Comisionado también solicita, finalmente, garantizar que los pueblos indígenas sean consultados cuando se planteen o tomen medidas que afecten sus derechos, con base en estándares internacionales.
Incorporar aún más la perspectiva de género en políticas públicas en favor de las mujeres; medir el impacto de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos, con base en metodología e indicadores de la ONU.
Adoptar leyes generales sobre tortura y desapariciones, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, con participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
La CNDH reconoce la apertura mostrada por las autoridades para recibir este tipo de visitas y la voluntad expresada para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Las observaciones elaboradas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presentadas en la ciudad de Nueva York, el pasado jueves 20 de octubre, representan para el Estado Mexicano una gran oportunidad para implementar y dar cumplimiento a éstas y otras recomendaciones formuladas por otros mecanismos regionales e internacionales.
Además, invita a acelerar las consultas que permitan ratificar los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos pendientes de ratificación, lo cual vendría a robustecer el sistema de protección a dichos derechos en nuestro país.
