* Persisten agresiones en contra de periodistas y comunicadores

México, DF.- Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Raúl Plascencia Villanueva, el pluralismo y la diversidad de pensamiento son elementos clave para el derecho de la ciudadanía a ser informada. Promoverlos y no limitarlos es, en gran parte, responsabilidad del Estado y de los profesionales de la información.

El organismo público autónomo ha reconocido algunos avances en materia de protección al ejercicio periodístico, tales como el decreto mediante el cual se derogaron del Código Penal Federal los delitos de difamación, calumnia e injuria y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Asimismo, el decreto por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual faculta a las autoridades federales a conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Sin embargo, considera que los retos son grandes; detrás de las iniciativas legislativas y de la política pública, existe un problema que lacera el acceso pleno a los derechos: la impunidad.

La persistencia en las agresiones en contra de periodistas y comunicadores llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a emitir la Recomendación General número 20, sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.

En ella, la CNDH observa un incremento en la cantidad de agresiones en perjuicio de miembros del sector periodístico sin que las autoridades procuradoras de justicia, en un importante número de casos, hayan esclarecido los sucesos que motivaron los ilícitos cometidos en su contra, tales como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras.

Asimismo, se quebranta el derecho a la seguridad jurídica, en la que debe contemplarse una debida procuración e impartición de justicia en favor de los gobernados, así como a salvaguardar su derecho a conocer la verdad de los hechos y, además, de que se les repare el daño causado.

Acceder a la información a través de la labor periodística se constituye en aliado de primer orden para combatir la corrupción y es un canal más para transparentar la gestión pública, fortaleciendo la democracia.