Luego de informar que el subsecretario de Derechos Humanos y Jurídicos, Dagoberto Carreño Gopar, se trasladó hacia dicha zona para contribuir en el caso, subrayó que su gobierno no permitirá la colusión de algún servidor público con el maltrato a los migrantes ni mucho menos que se asocien con la delincuencia organizada para explotar a quienes vienen de Centroamérica en su paso hacia Estados Unidos.
En entrevista realizada en esta ciudad, señaló que la Secretaría General de Gobierno ha sostenido una comunicación permanente con las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y otras corporaciones, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Lo anterior, pese a que la autoridad local no ha recibido denuncia alguna; sin embargo, “estamos atentos a informes procedentes de organismos de derechos humanos que expresan su preocupación por esta situación.”
Agregó que la Policía Estatal también ha establecido coordinación con el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR) para el mismo fin.
Cué Monteagudo señaló que su gobierno no ha tenido contacto con autoridades de los países centroamericanos que han hecho pronunciamientos oficiales en demanda del esclarecimiento de los hechos supuestamente ocurridos el 16 de diciembre en inmediaciones del municipio de Chahuites.
En este sentido, reiteró la disposición de su administración para contribuir, en el ámbito de su competencia, con la investigación de la autoridad federal, y señaló que Carreño Gopar tiene la encomienda de establecer contacto con todos quienes en su carácter de autoridad o defensores de derechos humanos realizan las indagatorias.
