Ciudad de México.- Ante la resolución del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México que concedió el amparo y protección de la justicia federal a una de las sobrevivientes del Caso Tlatlaya, esta Comisión Nacional reconoce la sentencia de la Autoridad de Amparo.

Dicha sentencia sobre la necesidad de que la representación social federal prosiga con las investigaciones, con exhaustividad y efectividad, a fin de esclarecer los hechos y determinar de manera pronta, en el sentido que corresponda, la averiguación previa PGR/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014.

En tal sentido, dicha sentencia se ocupa de la denuncia presentada desde el 16 de diciembre de 2014 por la representación legal de la CNDH y que se basó en las evidencias y consideraciones de la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, en la cual están debidamente acreditadas violaciones graves a derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales, manipulación del lugar de los hechos y tortura.

En sus consideraciones, la autoridad judicial federal de amparo señaló que el Ministerio Público Federal debe realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados y que dieron origen a la averiguación previa, para lo cual tendrá que allegarse de mayores elementos probatorios, entre ellos, todas las evidencias referidas y relacionadas con la Recomendación 51/2014.

De manera coincidente, el presidente de la CNDH solicitó el 17 de mayo de 2016 a la Procuraduría General de la República (PGR): “considere la información integrada en la investigación de la CNDH, que acredita esos delitos y también los procesos penales que se llevan a cabo en la Procuraduría de Justicia del Estado de México contra elementos de esa corporación por tortura”.

Mismo pronunciamiento público del ombudsman nacional que motivó días después fuera presentada una denuncia penal en su contra por parte de la defensa del personal militar involucrado.

Sin embargo, la CNDH, en pleno ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades constitucionales, ha refrendado su compromiso de dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 51/2014, hasta que la verdad, la justicia y la reparación sean una realidad para todas las víctimas de violación a Derechos Humanos y se deslinden las responsabilidades que, en su caso, procedan.