** El MC enumera lo que considera una larga lista de pendiente de la dependencia
** El PT consideró que el saldo del trabajo de Gobernación es negativo
** El PRD acusó que la seguridad y los derechos de los ciudadanos son más precarios
** El PAN llamó al diálogo y al respeto entre poderes
** El PRI acusó violaciones constitucionales
México, DF.- En el marco de la revisión del Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, el Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, compareció hoy ante el pleno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para analizar la situación de la política interior del país.
Al iniciar la comparecencia con su intervención, Francisco Blake Mora reafirmó la disposición del Ejecutivo Federal a trabajar con el Poder Legislativo para evaluar el desempeño, los avances y los retos pendientes del gobierno; refrendó el compromiso del Ejecutivo Federal con el desarrollo integral del país, para lo cual, dijo, hay que garantizar la gobernabilidad democrática, principal responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.
Reconoció el trabajo del Poder Legislativo en derechos humanos, en materia de amparo y migración; y afirmó que esto es un ejemplo de que el trabajo fundado en el diálogo entre poderes dan buenos frutos y que reafirman a México como un país que está en la ruta correcta para lograr que la política, la economía y la cultura, estén en función del progreso de las personas.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, en representación del Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, acusó que la Secretaría de Gobernación tiene una larga lista de pendientes y dio como ejemplo el respeto de los derechos humanos de la población civil en la denominada lucha contra el narcotráfico y la preservación de la integridad física de los migrantes; cuestionó el presupuesto solicitado por la dependencia, que asciende a más de 23 mil 500 millones de pesos para 2012 y agregó que no es difícil suponer que la mayor parte de este dinero se destinará a tareas de seguridad en detrimento de otros programas sociales.
Por su parte, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, señaló que el trabajo de la SEGOB es negativo, que la libertad de expresión va en retroceso, avanza la militarización ilegal del país, que la administración federal es incapaz de proteger los derechos humanos de las víctimas de la violencia del narcotráfico, de los migrantes, las mujeres y las comunidades indígenas y refrendó la oposición de su grupo parlamentario a la iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional. Además, cuestionó al secretario porque la dependencia a su cargo ha incumplido su obligación de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
En tanto, la diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, criticó que la inestabilidad social es alarmante y que no existe una buena conducción en materia de seguridad interior; que se ha incrementado la inseguridad y la violencia. Advirtió que la estrategia nacional de seguridad propicia más problemas que soluciones y que los ciudadanos se sienten más inseguros por el involucramiento de los elementos policiacos en actos delictivos.
Dijo que no se percibe con claridad la estrategia contra la violación de derechos humanos, especialmente de grupos más vulnerables; y que en asuntos de migración y trata de personas no se muestran avances de la Secretaría de Gobernación.
En su oportunidad, la diputada Teresa del Carmén Incháustegui Romero, del PRD, manifestó que se tiene la percepción de que la situación de inseguridad y los derechos de los mexicanos en el país, son cada vez más precarios, que hay un colapso muy severo del sistema de justicia y una aguda militarización de la seguridad pública. Insistió en que hay una estrategia fallida de seguridad pública y que el crimen organizado está incrustado en el Estado, en los gobiernos locales y en el gobierno federal.
En representación del PAN, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín afirmó que el diálogo entre poderes debe prevalecer el respeto, por lo que hizo votos porque la comparecencia no desvirtuara su propósito. Agregó que una de las principales responsabilidades de la dependencia es mantener la gobernabilidad democrática, lo que requiere dos elementos: corresponsabilidad y una estrecha colaboración. Motivo por el cual le preguntó al secretario acerca del nivel de coordinación que tiene el gobierno federal con los estados y los municipios en materia de seguridad pública.
César Augusto Santiago, denunció a nombre del PRI, que en pocos años se ha violentado la libertad de tránsito, hecho añicos la inviolabilidad de los domicilios, atentado contra el derecho de los ciudadanos, sustituido el trabajo policial por acciones militarizadas, y que el presidente no ha cumplido con la Constitución. Un ejercicio gubernamental, dijo enfático, se mide con el cumplimiento a la Constitución y no por el rating en los medios. Insistió en que se perdió el respeto a las instituciones de gobierno, que las instituciones están en crisis, se ha convertido en un deporte violentar la ley y queda como legado la impunidad, la corrupción y el descontento social.
En respuesta a las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Gobernación, el secretario Francisco Blake Mora reconoció que la inseguridad pública es un flagelo a la sociedad, aunque señaló que por muchas décadas de inacción, el crimen se expandió y fortaleció, lo cual llevó al gobierno federal a generar una estrategia integral en materia de seguridad pública.
Argumentó que la lucha por la seguridad y el orden no es un tema optativo y que la responsabilidad no es sólo del Ejecutivo Federal sino que también corresponde otorgarla a los gobiernos estatales y municipales.
Justificó que las acciones de las fuerzas federales tiene el objetivo de proteger a la ciudadanía y combatir a la delincuencia organizada y que ante la falta de capacidad de las instituciones locales, el gobierno federal actúa de manera temporal y subsidiaria, no para suplantar su responsabilidad sino para fortalecer las instituciones locales y ante la petición de los propios gobernadores.
Comentó que el gobierno federal ha enviado importantes recursos para que las autoridades locales escalen sus capacidades en el ámbito de seguridad y que tengan policías más confiables; añadió que se requiere también la recuperación de nuestro tejido social y eso se alcanzará con acciones de orden social, recuperando espacios públicos, a través de orientación en materia de salud, generando mayores oportunidad en educación, y la cooperación internacional.
Aseguró que el Estado Mexicano está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
En política migratoria reiteró que la principal preocupación es el respeto a los derechos de las personas y planteó las acciones que se han desplegado para proteger a los migrantes. En el tema de casinos dijo que no es un asunto que sólo corresponde a la autoridad federal, ya que ningún establecimiento puede operar si no tiene los permisos de las autoridades locales. Anunció que en breve se dará a conocer una nueva legislación en este rubro.
Respecto al presupuesto de la Secretaría de Gobernación, aclaró que muchos de los recursos solicitados para el año próximo son para modernizar los registros civiles de las entidades federativas, para el otorgamiento de subsidios en seguridad pública y la implementación de la reforma en materia de justicia penal.
