SIERRA DE OAXACA
24 DE MAYO DEL 2010
¡AL PUEBLO DE MEXICO !
¡A LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL MUNDO!
¡AL PUEBLO DE OAXA
Con la represión de san Juan Copala, se reabrió la herida Loxicha
En 1996, el represor Diódoro Carrasco Altamirano y el entreguista Ernesto Zedillo veían un guerrillero detrás de cada rostro hermano zapoteca de Loxicha, zona formada por varias comunidades, en la Sierra Sur, que significaba para el gobierno el bastión del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Catorce años después, las madres, padres, hermanos, hijos y habitantes de Loxicha no han olvidado la represión que inició la madrugada del 29 de agosto de 1996, cuando un supuesto comando del EPR irrumpió en La Crucecita, Santa Cruz, Huatulco, caserío construido para los habitantes, a quienes años antes habían expropiado sus tierras en la zona turística de Bahías de Huatulco, para entregarlas a los voraces ricos y las transnacionales que presionaban desde los tiempos de salinas.
Con coraje y rabia, las mujeres lóxichas, recuerdan al 25 de septiembre como “el día más cruel e infame”, la violación masiva de las mujeres, cuando entraron todas las fuerzas de seguridad pública y los militares a las comunidades.
La ola de atropellos, detenciones y represión durante y después del gobierno de Diódoro Carrasco es más que evidente, en nota publicada por la revista proceso 1225, 23 de abril de 2000, pp. 26-30, y firmada por Ricardo Ravelo, Desde Almoloya, en declaraciones ante el juez, la coronel Aurora y el comandante Antonio, del Ejército Revolucionario del pueblo insurgente, acusan a Diódoro Carrasco y a Cervantes Aguirre de ordenar su secuestro y tortura.
Aseguran que, tras ser detenidos -Gloria en San Luis Potosí y Jacobo en la Ciudad de México-, fueron torturados durante cinco días consecutivos, con el fin de arrancarles confesiones auto incriminatorias y para que acusaran al senador Félix Salgado Macedonio y a otros miembros del PRD de formar parte del ERPI. Ambos se negaron.
Rechazan los cargos que se les imputan -“no somos delincuentes”, afirman-, pero aceptan ser las cabezas del ERPI; dicen sentirse orgullosos de haber decidido empuñar las armas para defender lo que ellos llaman el México pobre e injusto por obra del gobierno del presidente Ernesto Zedillo.
El 15 de julio del 2009, Juan Sosa Maldonado, ex preso político acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), demandó desempolvar la averiguación previa PGR/FEMOSPP/045/2002 por delitos de lesa humanidad, interpuesta ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en contra del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano y el ex presidente Ernesto Zedillo.
A Diódoro Carrasco lo mueven solo sus intereses, el es el proyecto, los demás su instrumento. Con Carrasco, en 1999, se rompieron los acuerdos de 1977 para repartir posiciones entre las familias de latifundistas, ricos y extranjeros que se apoderaron de Oaxaca. Carrasco primero quiso imponer a su tío como sucesor, pero el entonces senador José Murat amenazó con irse al PRD y le quitó el poder a Carrasco.
El conflicto entre los dos llevó a Oaxaca a disputas entre las élites de poder, las mismas hoy encabezan estos sinvergüenzas, Por tanto, la crisis de Oaxaca “es por el botín que representan los recursos y dineros del pueblo”, y no por la democracia, ni la paz, ni la transición.
El 3 de septiembre del 2008, La diputada Claudia Cruz, integrante del grupo parlamentario del PRD, dio a conocer que el presidente de la Comisión de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, “ha evadido su responsabilidad” al obstaculizar que la subcomisión dictamine la solicitud de juicio político contra Vicente Fox Quesada, señalado por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, propiciando con ello que la solicitud prescribiera en noviembre del 2008 y con ello se perdiera toda posibilidad de emprender acción legal contra el remedo de presidente.
Para nuestros hermanos indígenas está claro, la violencia sufrida en San Juan Cópala, es la continuación de la Guerra de Baja Intensidad iniciada con Diódoro Carrasco, creador de los grupos paramilitares que hoy asolan y masacran impunemente a quien se opone a sus intereses, generando con ello desgracia, división, desconfianza y el enfrentamiento entre las comunidades indígenas.
Hoy, no existen condiciones ni garantías para restituir la paz y la armonía en San Juan Copala, simple y sencillamente porque así conviene a líderes sociales que han expresado su repudio por la represión en San Juan Copala, así como su preocupación por la relación de Gabino Cué, con gente que reprime y tortura.
Al rodearse de expriístas y ahora panistas, como Diódoro Carrasco Altamirano, ex gobernador de Oaxaca; José Trinidad Rodríguez Ballesteros, ex director de la policía judicial y del ex procurador Roberto Pedro Martínez Ortiz , todos ellos vinculados a la represión política, persecución y asesinatos que han existido en la región loxicha desde 1996 época que gobernó Diódoro Carrasco.
¿Pero quien es Gabino Cué?, es un tipo de la aristocracia oaxaqueña, se siente iluminado, niega su origen pudiente, se contradice al hablar de pueblo, critica la represión cuando él fue parte de un gobierno represor con Diódoro Carrasco Altamirano en 1996, al desempeñarse como Secretario técnico del gobierno, durante la brutal agresión contra nuestros hermanos zapotecos Loxichas, motivo por el cual la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos por medio de Angélica Ayala, solicitó que a Diódoro Carrasco se le acusara ante organizaciones internacionales de delitos de genocidio.
Cué Monteagudo, habla de transparencia y honestidad y aún no se aclara la compra de 9 helicópteros con un valor aproximado a los 17.5 millones de dólares y 3 aviones con un costo de 14. 5 millones de dólares, cuando Diódoro Carrasco Altamirano fue Secretario de gobernación en el periodo de 1999-2000. La gravedad de este asunto sigue siendo, que la compra se hizo sin licitación. A través de diversas maniobras administrativas, se logró adquirir los aparatos aéreos a precios exageradamente altos, aún cuando eran usados
Varios de los colaboradores de Carrasco Altamirano fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública. En uno de los helicópteros comprados por la administración de Diódoro Carrasco como encargado de la política interna del país, murió el entonces Secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. En el avión Lear Jet 45, adquirido en el mismo paquete en 1999, encontró la muerte el Secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño. Por supuesto no son responsables directos, pero si permitieron adquisiciones fraudulentas, que según el investigador José Luis Moya, demuestran la corrupción de estos pillos.
40 funcionarios fueron implicados por la SFP en este caso, tres de ellos personas directamente comprometidas con Diódoro Carrasco a decir de las investigaciones. Gabino Cué entre 1999 y 2000, tuvo la responsabilidad en la Secretaría de Gobernación de Secretario técnico, Secretario particular y subsecretario de comunicación social, o sea que conoció de estos hechos.
Se olvida Gabino Cué referir que su padre fue tesorero del gobierno casi toda la vida, y además por ser de ascendencia española, el gobierno de ese país lo apoyó con becas en esa también su patria.
De su relación con Carlos Ahumada en el 2005, las imágenes hablan por si solas.
A tres años de la detención-desaparición forzada de los compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, crimen de Estado y de lesa humanidad, expresamos nuestra solidaridad combativa y revolucionaria a familiares, amigos y nos sumamos a las exigencias del Ejercito Popular Revolucionario. (EPR)
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡ALTO A LA REPRESION EN SAN JUAN COPALA!
Brigada Popular Revolucionaria del Sur
Comandancia Central
Sierra de Oaxaca, 24 de Mayo del 2010 (SIC)
