Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
En su sesión ordinaria del 17 de diciembre del 2015, la Legislatura envió un exhorto al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, Alejandro López Jarquín, para que aclare las operaciones que se realizan a través de una tarjeta de la empresa Soluciones y Programas Integrales (SPI), con el que se entregan beneficios del Programa Bienestar, que cuenta este año con un presupuesto asignado de $ 650,000,000 (seiscientos cincuenta millones de pesos), cuyos beneficiarios suman alrededor de 26 mil 658 personas, sin que a la fecha se tenga una respuesta.
Esta solicitud legislativa puede poner al descubierto las operaciones que se están realizando con este plástico, que al parecer realiza funciones similares a las tarjetas Monex, con las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2011 dispersó recursos a los electores, para que votaran a favor de su candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
En Baja California, el año pasado, la empresa SPI, fue señalada de dispersar recursos para favorecer a los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), en los comicios locales y federales efectuados el 7 de junio, supuestamente en colusión con la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de aquel estado, donde la tarjeta es entregada para implementar los beneficios del programa “De la Mano Contigo” y “cargadas” con tiempo aire para celular o con préstamos de 500 hasta tres mil pesos, destinados a fondo perdido, por lo que quienes las tienen no cubren los adeudos contraídos.
En Oaxaca se ha detectado que las tarjeta de SPI son usadas para cubrir un seguro que se les otorga a personas con capacidades diferentes, para que en caso de fallecimiento les sea cubierta la cantidad de 50 mil pesos, siete mil para gastos funerarios y cinco mil para gastos médicos en caso de accidente, ya que en el manual de operación de este programa no se indica qué aseguradora cubrirá la cantidades comprometidas y menos se proporciona el domicilio de la misma.
El exhorto fue promovido en la sexagésima segunda Legislatura del Estado por el diputado Sergio Bello Guerra, quien tal vez no tiene idea de lo que se puede ocultar detrás de las tarjetas de SPI; él mismo ha declarado que no se pueden anticipar juicios, hasta que López Jarquin de respuestas a las interrogantes, aunque las aclaraciones tienen que venir también de su antecesor Gerardo Albino González.
Hasta donde se sabe, este seguro opera a través de la empresa SPI, cuyo dueño es Javier López Casarín, quien aparece en la entidad en el año 2011, cuando firma un convenio con el Consejo Consultivo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuya directora general es Fátima de María García León, y el titular de la SEDESHO, que era en aquel año, Albino González, actual titular de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE).
Dicha empresa cobró al gobierno del estado 120 millones de pesos en los años 2011, 2012 y 2013 únicamente por la entrega de la tarjeta a los beneficiarios del Programa Bienestar, a través de la cual se les pagarían diversas prestaciones. Dentro de este programa también se les daban los subsidios a las madres soltera, a adultos mayores y a discapacitados, entre otros beneficios, que es precisamente lo que se pide que se aclare.
López Casarín -quien se autodefine como un luchador social incansable, claro y firme. Que cree en una democracia de izquierda y progresista- fue candidato a diputado Federal en el XXI Distrito por el Partido Centro Democrático (PCD) en el año 2000; partido que fue fundado por Manuel Camacho Solís. En el año 2011, cuando llega su empresa a Oaxaca, se registró como precandidato ciudadano a Diputado Federal por el XXVI Distrito Electoral por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Hasta el momento y a casi un mes de haber emitido el exhorto aún la Cámara de Diputado no sabe cómo opera el seguro, que ampara la tarjeta SPI.
@MiguelAschulz
