* El Pleno respaldó cambios propuestos por la senadora Beatriz Paredes, del PRI, y del senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, entre otros; pasa a la Cámara de Diputados
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó diversas modificaciones al Dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y lo envió a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
Este Proyecto de Decreto, que también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, fue aprobado en lo particular con 72 votos en pro, 13 en contra y dos abstenciones.
En la presentación de reservas, el Pleno respaldó el cambio propuesto por el senador Ricardo Monreal Ávila, al Artículo 9 de la nueva Ley para señalar que los actos relativos al uso del cannabis y sus derivados, fomentarán el desarrollo sostenible, por lo que las políticas, planes, programas y lineamientos buscarán la seguridad, prosperidad y bienestar. Asimismo, se acordó eliminar las fracciones de la uno a la 17 de este Artículo.
Con esta ley se disminuye la actuación y ganancia del crimen organizado
Desde la tribuna, Monreal Ávila dijo que el daño que provocó la prohibición causó más estragos que las afecciones de salud derivadas de las drogas y su consumo. Por eso, expresó su reconocimiento a todas las bancadas, pues se trabajó este dictamen “con mucha pasión y flexibilidad”.
Afirmó que lo que hace el Senado es verdaderamente notable, pues se trata de una ley progresista y de avanzada. Precisó que en cualquier momento, este Congreso puede modificar la legislación; “por eso no tengan temor”.
Refirió que más de 18 mil personas en el país están privadas de su libertad por haber portado de uno a 200 gramos de marihuana, lo que les ha destruido la vida y también a sus familias. Por ello, subrayó, es importante que se empodere a los grupos vulnerables a los pueblos y comunidades indígenas y campesinas que se encuentran en situación de marginación.
Monreal Ávila aseguró que con esta Ley se disminuye la actuación y la ganancia del crimen organizado, pues se traslada un mercado ilegal hacia la legalidad con un marco jurídico que da certeza a los sectores de la población y fortalece el desarrollo del país.
Destacó que ahora los productos del cannabis no psicoactivo y sus derivados para usos industriales se podrán comercializar, exportar e importar, generando riqueza a los sectores desprotegidos y se producirán beneficios en favor de las personas que actualmente se encuentran procesadas o sentenciadas.
El Pleno también respaldó la propuesta de modificación de la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, a efecto de establecer en el artículo 47 de la nueva Ley que, en el caso de licencias que se expidan para ejidatarios o comuneros, se requerirá la autorización de la asamblea ejidal o comunal de que se trate.
La legisladora explicó que este cambio tiene el objetivo de cuidar la unidad del ejido y de la comunidad indígena ante cualquier conflicto que pueda generar la siembra de cannabis. Si esto no lo logramos, y algunos ejidatarios deciden sembrar, pero otros no, podemos generar conflictos internos y profundizar las disparidades en la propiedad social, advirtió.
Asimismo, indicó que esta modificación busca dar su lugar a la asamblea ejidal para que los campesinos sean beneficiados y no se provoque una disputa al interior de los ejidos y comunidades.
También se aprobó una fe de erratas al Artículo Sexto Transitorio, presentada por los senadores Julio Menchaca, de Morena; Xóchitl Gálvez, del PAN, y Jorge Carlos Ramírez Marín.
Lo anterior, a fin de precisar que el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, en un plazo no mayor a seis meses de su constitución, y en coordinación con las instituciones relacionadas con la prevención de adicciones, implementará y desarrollará a nivel nacional un programa permanente de prevención de adicciones y tratamiento.
El programa deberá hacer énfasis en el no consumo de cannabis, enfocado a las niñas, niños y adolescentes, además, el Instituto deberá rendir un informe anual de avances al Poder Legislativo.
La Asamblea rechazó las reservas presentadas por las y los senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y del Trabajo (PT), por lo que los artículos reservados quedaron en los términos originales del Dictamen.
Discusión en lo general
Previamente, senadores de diversos grupos parlamentarios manifestaron sus consideraciones respecto de este tema. Algunos legisladores afirmaron que la regulación del uso lúdico de la marihuana es un paso histórico que deja atrás la política prohibicionista. En tanto, otros opinaron que el Dictamen mantiene una visión punitiva y no prevé un plan de prevención de adicciones.
La senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez Alvarado, cuestionó que se quiera “vender” la idea de que la Ley beneficiará al campo, pero se olvida que el actual Gobierno disminuyó los recursos a ese sector. Advirtió que se deja de lado la prevención de adicciones y el consumo informado y responsable. “El tema del derecho a la libre personalidad es válido y legítimo, pero eso no implica que el Estado promueva la industria del Cannabis, como lo están plasmando en la Ley”, argumentó.
Jesusa Rodríguez Ramírez, senadora de Morena, expuso que en el Dictamen hay disposiciones que siguen estigmatizando y criminalizando a los consumidores. Sin embargo, a pesar de todo lo que falta por hacer, se trata de un parteaguas que dará inicio a una nueva actitud en el manejo de esta sustancia, por lo que llamó a dejar las posiciones moralistas.
La senadora del PT, Nancy de la Sierra Arámburo, dijo que con este Dictamen se deja atrás al sistema prohibicionista y punitivo, que ha rodeado a este psicotrópico por décadas, a fin de adoptar una nueva regulación de su uso lúdico, industrial y de investigación. Se trata, dijo, de una reforma urgente para traer alivio, sustento económico, libertad y bienestar a muchas personas en el país, pues es insostenible continuar criminalizando el consumo de esta planta.
Del PRI, el senador Manuel Añorve Baños consideró que con esta reforma se abre la puerta a demás discusiones necesarias, como la regularización de la amapola con fines medicinales y otras sustancias prohibidas. Comentó que será necesario establecer un andamiaje jurídico fiscal impositivo, que permita al Estado recaudar recursos en este nuevo mercado.
El senador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, aseguró que su Grupo Parlamentario legisla este tema dando la cara a la nación y de manera responsable, por lo que acepta su responsabilidad histórica. Precisó que se decidió crear un marco jurídico que no esté vinculado a la política de mercado, sino a una social.
En contra del Dictamen, el senador Emilio Álvarez Icaza reconoció que hay avances en el tema, pero “me parece que quedamos a deber”. Todavía en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud se mantiene una visión punitiva y prohibicionista, que es herencia e inercia todavía de limitar derechos, algo que no atiende lo que instruyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La senadora de MC, Patricia Mercado, aseguró que se está tomando un nuevo rumbo que garantiza el libre desarrollo de las personas usuarias y construye un marco de certidumbre para los productores, protegiendo a la sociedad de los riesgos de un mercado en el que las reglas las pone el crimen organizado. “La prohibición no resolvió los problemas, pero sí dejó un rastro de violencia, injusticia, violación de derechos humanos y sangre”.
En tribuna, el senador del PRI, Mario Zamora Gastélum, dijo que esta reforma representa un gran avance para el ejercicio pleno de los derechos de las personas y abre las puertas a una nueva industria que aportará a la economía nacional y a la generación de empleos. “Esta legislación atraerá mayor inversión, ingresos, y más desarrollo para los mexicanos”.
Por su parte, la senadora del PES, Elvia Marcela Mora Arellano expresó que la prohibición selectiva del uso de la marihuana “es hipócrita” y sólo beneficia a las elites, tanto políticas como económicas, que se sirven de la “ilegalización” para impulsar industrias, muchas de ellas inscritas en el crimen organizado, “mientras que a los ciudadanos más pobres, casi siempre se les estigmatiza, discrimina y criminaliza por el consumo”.
En su oportunidad, el senador del PAN, Raúl Paz Alonzo, dijo que además de cumplir con el mandato de la SCJN para regular el consumo y producción del cannabis, se está dando un paso histórico y muy importante para fortalecer “nuestra libertad y romper con los prejuicios y caprichos sin fundamento que durante muchos años estigmatizaron a esta planta”.