Porfirio Santibáñez Orozco

EN EL CONTEXTO DE LOS CAMBIOS que estamos viviendo, quienes de una o de otra manera trabajamos en diferentes medios de comunicación estamos obligados a vivir nuestra propia transición. Es una responsabilidad de todos, de acuerdo, pero sobre todo de empresarios y trabajadores de estos espacios, hacer lo posible por tener un periodismo impreso y electrónico a la altura de lo que hoy demandan los sectores avanzados de la sociedad.

Recientemente, el 9 de junio, el diputado federal Javier Corral Jurado, delegado del CEN del PAN en Oaxaca, se pronunció con respecto a este tema, que es de la mayor trascendencia pero sobre el que, paradójicamente, casi no habla el conjunto de quienes trabajan, operan o tienen en propiedad alguno de dichos medios.

Dijo Corral que hay bases jurídicas para llevar esto a la práctica y comentó que ya es hora de aplicar las reformas al artículo 134 de la Constitución general de la República; las cuales obligan a hacer comunicación con fines sociales y relegan a un plano de menor importancia la publicidad, la propaganda y la promoción personal.

Es tiempo, pienso yo, de que no sigan ocurriendo situaciones como la denunciada por el propio Corral en la cámara de diputados federal el 16 de junio de este año cuando, en el fragor del debate preelectoral, exhibió al diputado federal priísta de Oaxaca Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva al afirmar en tribuna que cuando era coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, autorizó el pago de cerca de 800 mil pesos mensuales al diario El Extra de Oaxaca dirigido por su padre Héctor Ramírez Puga.

Como prueba de su afirmación, Corral presentó una copia gigantesca de un cheque por 782 mil pesos; obviamente, Ramírez P. Leyva dijo que el cheque era falso y que las imputaciones no tenían sustento, pero después de eso no pasó nada de lo que hubiera ocurrido si la nuestra fuera una sociedad democrática.

Probablemente sea un sueño guajiro exigir que cuando haya una denuncia de este tipo, las autoridades procedan a aclarar lo conducente: si alguien acusó sin fundamento debe ser puesto en su lugar y si la imputación resulta verdadera, deberían proceder a imponer la sanción correspondiente. Aunque por esta vía, la de atender caso por caso, no se avance más que milimétricamente, debería ser obligación de las autoridades proceder para inhibir que estas conductas se reproduzcan.

Vale la pena citar los dos párrafos del artículo 134 de la Constitución, invocados por Corral, para entender que en la ley existen elementos para diseñar una política institucional o, como gusta decirse con pompa, de Estado, para poner un remedio a fondo a este tipo de situaciones.

Dice uno de los párrafos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de noviembre de 2007, que “Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

Otro párrafo, publicado también en el DOF en la misma fecha, afirma que “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

Más claro ni el agua; el marco legal existe, la sociedad lo reclama y las condiciones están dadas para una transición en los medios; lo único que ha hecho falta es eso que algunos llaman “voluntad política” de quienes estuvieron en el poder durante mucho tiempo y quienes desde los medios vivieron a su sombra también durante un prolongado periodo que les redituó cargos públicos, dinero en abundancia, relaciones de complicidad y trato privilegiado.

Habrá que ver ahora si con estos antecedentes inmediatos, los interesados en el cambio en los medios y también en las instituciones tenemos la capacidad de empujar con hechos hacia esa reforma social profunda que destierre a los que difunden informaciones por un interés sectario, por las recompensas económicas que reciben de los poderes públicos o que ocultan informaciones desagradables para los que quisieran que nada se moviera de donde está. Es hora de empezar a terminar con uno de los valores más importantes de la cultura priísta: el culto a la personalidad. Abundaremos…