En el tercer día de trabajo estuvieron presentes por el PAN los diputados Nancy González Ulloa, María Antonieta Pérez y Agustín Castilla; por el PRI los diputados Francisco Ramos Montaño y Luis Carlos Campos Villegas; por el PRD la diputada Florentina Rosario Morales, y por el PVEM la diputada Lorena Corona.
Asistieron como representantes de organizaciones civiles, Luis Miguel Cano de Organización de Litigio Estratégico (LITIGA), Arturo Córdova del Frente de Laicos Cristiano Evangélicos, Miguel Concha del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, y Silvano Cantú de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Luis Miguel Cano señaló que “es claro que el Dictamen de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) que ha sido puesto a nuestra consideración, incumple de manera grave los estándares internacionales y de aprobarse causaría serias afectaciones al derecho a la vida privada y a no ser objeto de interferencias arbitrarias en las comunicaciones privadas”.
Dijo que “debido a la amplitud, vaguedad e imprecisión de los “obstáculos” para la seguridad nacional que desarrolla el artículo 5 de la Ley, no puede considerarse que los artículos 33, 35, 49 y 70 establezcan con claridad las circunstancias y condiciones en las que puede autorizarse la declaración de la afectación a la seguridad anterior”.
El especialista de LITIGA señaló que también resulta “preocupante que los artículos 30, 31, 33, 34, 41 y 70 otorguen a las Secretarías de Defensa Nacional, Marina y a la Fuerza Armada Permanente facultades de solicitud y ejecución de intervenciones a comunicaciones privadas de manera permanente, así como de compilación, procesamiento y diseminación de la información obtenida, pues no pueden considerarse competentes para llevar a cabo este tipo de acciones”.
Cano señaló que “quizá el aspecto más preocupante es el relativo a la ausencia de controles para evitar el abuso de esta herramienta, además de la autorización judicial, pues el artículo 41 del Dictamen le otorga la facultad de control y supervisión a las propias instancias facultadas para solicitar y ejecutar las medidas a través de una instrumentación a su cargo que en definitiva no cumple con el requisito de que esa regulación esté establecida en la propia Ley”.
Durante su participación, Concha Malo precisó a su vez que la LSN es una ley que “nos atañe y preocupa de manera importante, más aún por la situación actual de inseguridad, los altos índices de criminalidad y sobre todo los elevados índices de impunidad, aunados a las graves fallas del sistema de procuración e impartición de justicia. Todo esto favorece un ambiente propicio para la violación sistemática de los derechos humanos”.
Demandó hacer un análisis exhaustivo de las implicaciones de la reforma y de las medidas hasta ahora adoptadas por el Estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado.
Respecto al contenido de la reforma planteó que “deberá respetar los tratados internacionales y las obligaciones que derivan de estos firmadas y ratificadas por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Y que se sujete a la obligación objetiva que tiene para garantizar el respeto y protección irrestricta de los derechos humanos, asumiendo la integralidad de los mismos”.
Asimismo, “adoptar un enfoque de seguridad que atienda una perspectiva más amplia, como lo es el concepto de la seguridad ciudadana, abordando el problema en sus distintas dimensiones: social, económica y cultural”.
Por su parte, Silvano Cantú, en representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró un paso importante de la Cámara de Diputados, “y en particular por las Comisiones involucradas en la dictaminación de la reforma, el hecho de abrir este proceso de consultas.
Luego de contextualizar las causas que han dado origen a la situación de violencia que se vive y el fracaso, según su percepción, de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, criticó la LSN, pues tal como se ha discutido hasta ahora gira en torno a la regularización de este fracaso evidente, apostando principalmente a:
1).- La hiperinflación de los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos que por mandato constitucional corresponden exclusivamente a las autoridades locales, fundamentalmente a las policías y las instituciones de procuración e impartición de justicia, y 2) así como a la dotación de poderes de excepción tanto a las Fuerzas Armadas como a las agencias de inteligencia civil y militar.
Aseveró que “estas vetas autoritarias que pretenden introducirse en el ordenamiento jurídico mexicano llaman la atención, considerando que el nuestro es un derecho que se reputa de democrático y progresista”.
Explicó que estas dimensiones autoritarias y represivas que involucra la LSN se ven manifiestas en: 1) el concepto de seguridad interior y la paz graduada; 2) el mecanismo para atender las llamadas “afectaciones a la seguridad interior”; 3) la aplicación extensiva de la jurisdicción militar a casos que involucran a civiles; y 4) el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en labores que corresponden a la seguridad pública, la justicia penal o el procesamiento de demandas sociales.
Por su parte, Arturo Córdova, del Frente de Laicos Cristiano Evangélicos, manifestó su desacuerdo en que se le den las facultades policíacas a las fuerzas armadas, pues señaló que en este país “no hay garantías de seguridad nacional”.
Córdova Romero indicó que la minuta aprobada por el Senado, y que es el documento principal para elaborar el dictamen en la Cámara de Diputados, en caso de aprobarse “provocaría mayores males que beneficios, ocasionándose una mayor impunidad y una mayor inmunidad de los representantes de los tres poderes de la nación mexicana”.
La próxima semana, el 14 de junio, las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos, realizarán la segunda parte de las audiencias públicas mediante reuniones de trabajo con representantes de las secretarías de Gobernación; de la Defensa Nacional; Marina-Armada de México y de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
El 15 de junio se reunirán con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como las Comisiones de Derechos Humanos de Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.
Todas los encuentros son transmitidos por el Canal del Congreso, y en las redes sociales se difunde información puntual del tema a través de la cuenta @reformasLSN en Twitter.
