* Exigen al gobernador Samuel García libere recursos para resolver problemas de seguridad e infraestructura
* Diputados federales del PRI y PAN neoleoneses presentaron un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente para dar solución a este problema
Ciudad de México.- Diputados federales del PRI y PAN presentaron un Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión requiera, de manera inmediata, al gobernador Samuel García la liberación de los recursos de 28 municipios que forman parte del pacto Nuevo León, informó Andrés Cantú, coordinador de los legisladores neoleoneses del tricolor en el recinto de San Lázaro.
En conferencia de prensa, respaldado por el líder congresista, Rubén Moreira Valdez, denunció que el mandatario estatal aun cuando está dando migajas, extorsiona a los diferentes municipios para que se vayan a Movimiento Ciudadano y consideró que no es casualidad que la retención de recursos ocurra solamente con los alcaldes priistas y panistas.
Precisó que a la fecha hay una bolsa de dos mil 500 millones de pesos, de la que no les han entregado ni el 30 por ciento, lo que significa el 1.78 por ciento del presupuesto de todo el estado. Por lo anterior, pidió dar cumplimiento a la Ley, “ya que no es una graciosa concesión, sino una necesaria obligación, para pagar el patrullaje de las colonias u obras de infraestructura”.
En ese contexto, Moreira Valdez condenó que Samuel García esté destruyendo a estos municipios, incurriendo en faltas políticas y jurídicas, al no cumplir con la Ley ni con la gente, al “secuestrar” recursos que deben ir a resolver problemas de seguridad, de la falta de agua y de movilidad.
En el documento, signado por los legisladores neoleoneses, advierten que la falta de distribución oportuna de recursos está afectando directamente el funcionamiento de los municipios y su capacidad para brindar servicios esenciales a la población.
Situación que, señalan, puede extenderse en áreas como la educación, la salud, el transporte, la infraestructura y la seguridad, además de que limita la capacidad de los municipios para pagar salarios, y mantener y mejorar la infraestructura existente.
