• Desarrollo sí, pero con justicia para las comunidades
• Pide al gobierno dialogar con indígenas, no desalojarles
• El gobierno “no puede permitirse la violencia”, advierte

Oaxaca.- El diputado Flavio Sosa Villavicencio condenó la violencia ocurrida este sábado en territorio de Álvaro Obregón, Juchitán, donde policías estatales desalojaron a indígenas de esa localidad y de San Dionisio del Mar que se oponen a un megaproyecto eólico en la Barra de Santa Teresa.

Destacó que esta acción, en la que varias personas resultaron heridas y otras más fueron detenidas, solamente polarizará el conflicto, pues los indígenas ya han manifestado que pese al desalojo no abandonarán la lucha en defensa de su territorio.

“Nuestro gobierno no puede permitirse actuar con violencia”, externó Flavio Sosa; “no hay dinero que justifique la acción de un gobierno en contra de su propio pueblo”.

El legislador demandó al gobierno del estado dialogar con las y los indígenas Ikojts y binniza con el fin de comprender sus razones y poder estar en posibilidad de responder civilizadamente a los asuntos que generen la oposición al parque eólico promovido por la empresa Mareña Renovables.

Así como escucharon a Mareña Renovables, que amenazó con retirar la inversión de mil millones de dólares en el istmo, las autoridades estatales deben hacer un nuevo esfuerzo por escuchar a las comunidades indígenas de la zona y mostrar
sensibilidad para comprender sus razones, dijo.

El diputado dijo estar en principio a favor de la instalación del parque eólico, que podría implicar un importantísimo beneficio económico no sólo para las comunidades donde se asentaría, sino también para las comunidades de esa región e incluso para el resto del estado de Oaxaca.

Sin embargo, agregó, la instalación de ese parque debe estar condicionada a que haya acuerdo entre las y los habitantes indígenas, poseedores del territorio y de los recursos naturales donde se instalará el parque, como primeros afectados o beneficiarios del proyecto.

Señaló también como requisito que el trato proporcionado por la empresa a las comunidades sea justo pues, dado que los beneficios económicos para los inversionistas serían multimillonarios, sería inaceptable que las comunidades que aportan su territorio para que eso sea posible, reciban sólo las migajas.

Tampoco puede aceptarse un proyecto que implique daños a la naturaleza, dijo.
Por eso, agregó, es necesario que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya ha dado su visto bueno al proyecto, analice la queja que recibió de diversas comunidades indígenas de seis municipios istmeños relacionada con los daños que el parque ocasionaría a su forma de vida y a la naturaleza.

Finalmente, Flavio Sosa llamó nuevamente a desarrollar procesos de diálogo y concertación para que los pueblos y comunidades indígenas puedan tomar la mejor de las decisiones sobre su desarrollo, sin presiones empresariales o policiacas.