La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó la violencia que prevalece en la región Triqui de Oaxaca y advirtió que el Estado mexicano tiene “el deber de prevenir cualquier tipo de violación” y proteger la vida e integridad personal frente a terceros.

“Estas obligaciones deben materializarse en la necesaria investigación de las violaciones, así como en la satisfacción del derecho de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la reparación”, demandó.

De igual forma, la ONU-DH manifestó “una vez más” su preocupación por la “crítica situación” que enfrentan esas comunidades, en especial las mujeres y los niños.

En este sentido, la ONU-DH recordó que los homicidios de Antonio Cruz García, Rigoberto González y Antonio Ramírez López el sábado 21 de agosto, se suman al homicidio de Anastasio Juárez Hernández el pasado 29 de julio.

Asimismo, se tiene información de que en la comunidad de San Juan Copala, autodenominado “municipio autónomo” las personas siguen sufriendo restricciones a su derecho a la educación, a la salud y a la alimentación, entre otros, agregó.

El organismo exhortó a que las autoridades federales y de Oaxaca adopten las medidas necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona, con estricto respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos, su derecho de libre determinación en los términos que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La Oficina aprovechó también para extender “sus más sentidas condolencias” a las y los familiares de todas las víctimas que han perdido la vida.