* Imparten conferencia “Prevención de malos tratos y tortura en el ámbito penitenciario”
Oaxaca Juárez, Oaxaca.- En el sistema penitenciario mexicano existen condiciones estructurales de maltrato que favorecen la práctica de la tortura, por ello hay que reflexionar sobre la subcultura del uso de la fuerza, especialmente en las cárceles, señaló Fernando Coronado Franco, coordinador General de Defensorías de la DDHPO.
Durante la conferencia “Prevención de malos tratos y tortura en el ámbito penitenciario”, impartida por Octavio Amezcua Noriega, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, explicó que la tortura ha sido una práctica generalizada en México, tal como lo señaló en relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, por lo cual se debe reconocer que la tortura ha sido considerada por quienes han ejercido el poder como un acto máximo del Estado, un ejercicio de poder.
Resaltó que el enfoque de derechos humanos y su ética respecto a la dignidad humana debe ser la perspectiva y el camino que permita que se conjure la tortura en México, especialmente en el sistema penitenciario en donde servidoras y servidores públicos son claves, pues están llamados a combatir la tortura con su persona, dignidad y autoridad ética.
“En un país en el que ha habido un desprecio profundo, radical por la persona, en un país donde hay una discriminación muy grande a grupos sociales, donde hay una desigualdad política, social y económica brutal, la población está en grave peligro de ser víctima de abusos, de un uso de la fuerza que no corresponde con el parámetro que debe regir una democracia”, apuntó.
El funcionario de Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) expuso que combatir la tortura en el sistema penitenciario y en México en general es una labor especialmente difícil.
Estuvieron presentes Sara Méndez Morales, coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa de prevención de la tortura de Documenta AC; Octavio Amezcua Noriega de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y José Mendoza Balderas, director de Reinserción de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
Por su parte, Méndez Morales dijo que en México existen diversas leyes referentes al sistema penitenciario, así como normas que buscan prevenir o evitar la práctica de la tortura, sin embargo se ven muy bien en el papel, pero en la práctica es un reto su ejecución y esa es una de las dificultades en el proceso de promover el pleno respeto a los derechos humanos.
Explicó que esa es una de las razones por las que tanto la conferencia como otra serie de talleres y actividades que realizarán en forma conjunta Documenta A.C., la DDHPO y la SSPO, tienen el objetivo de fortalecer las capacidades de servidoras y servidores públicos para que puedan cumplir plenamente con sus funciones y su mandato de combatir la tortura en el sistema penitenciario.
A su vez, Salvador Ferrer resaltó la importancia de que en esta fase del programa en Oaxaca se continúe trabajando con personal del sistema penitenciario, pues son quienes tienen una responsabilidad mayúscula no sólo que se cumpla la sanción impuesta o que se respeten los derechos humanos en los centros de detención, sino en que su responsabilidad es hacer valer el sistema de justicia del país.
Expuso que el problema de corrupción e impunidad que permea en el sistema penitenciario tiene un alto costo económico y social, que no afecta únicamente a las personas en situación de reclusión, sino que alcanza a las personas que trabajan en el sistema penitenciario.
Por ello, este tipo de procesos son tan importantes, porque es una forma en la que se les pueda sensibilizar respecto de su responsabilidad en que la pena sea un verdadero proceso de reinserción y no únicamente un castigo, indicó Salvador Ferrer.
Mendoza Balderas dijo que la institución coloca como piedra angular de las políticas en materia de reinserción social el respeto y garantía de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario estatal.
Agregó que actualmente cuentan con las herramientas que les proporcionaron las reformas al sistema judicial para que fuera más garantista, aunque hacer el cambio no es fácil, pero tienen la responsabilidad de instrumentar las políticas públicas que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que se cumpla el objetivo último de lograr la reinserción social y evitar la reincidencia.
Debido a esto los procesos de capacitación en materia de derechos humanos son fundamentales para poder hacer los cambios necesarios entre el personal que labora en el sistema penitenciario, subrayó el funcionario de la SSPO.
