* Se acreditó participación de funcionarios de Banamex y de Oceanografía, en consecuencia se giró orden de aprehensión de cuatro personas
México, DF.- La senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., reconoció que la corrupción lacera las posibilidades de desarrollo y lastima la moral, por lo que “confiamos que en este caso no habrá ni deberá haber impunidad”.
Así lo expresó en el encuentro con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, realizado a fin de conocer lo relativo al procedimiento penal contra el ciudadano Amado Yáñez Osuna, identificado como principal y presunto responsable de diversos delitos dentro del caso.
La legisladora reconoció que se dieron agravios a instituciones públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex), Banco de Comercio Exterior (Bancomext), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por lo que este caso es importante para los senadores de la República.
Además, solicitó a Murillo Karam continuar con el lazo de comunicación respecto al caso, pues con ello se dará mayor transparencia a los trabajos legislativos.
En la reunión informativa, Murillo Karam dijo que se inició una averiguación previa -que continúa a la fecha- luego de que el Banco Nacional de México, acreedor de Oceanografía, solicitó a Pemex una revisión y cotejo de la información de dicha empresa, en la que acreditaban “supuestas cuentas por cobrar” a la paraestatal.
En la investigación se descubrió la coparticipación de funcionarios del banco y de Oceanografía, para la obtención de créditos, sin que se respetaran las guías de operación establecidas por la institución bancaria, señaló.
Se encontraron operaciones de crédito entre Banamex y Oceanografía que se validaron y sustentaron en 2013, con base a documentos que no se ajustaron a protocolos mínimos de seguridad para el otorgamiento de créditos y se determinó que la documentación presentada por la empresa para obtener el crédito -no reconocido por Pemex- en buena parte es falsa.
Se giró orden de aprehensión en contra de cuatro personas, entre ellas de Amado Yáñez y funcionarios del banco. En el caso de Yáñez, por haber desviado un crédito a un fin distinto, ya que dicha finalidad fue determinante para su otorgamiento.
El Procurador refirió que hasta el momento, con el informe contable de los peritos no es posible determinar un monto exacto de quebranto a Banamex, y que falta respaldo de información por parte del banco. La investigación continúa para acreditar la responsabilidad de los implicados y de otros más.
El dictamen contable presentado por Banamex que refiere de manera categórica y sin sustento, la existencia de un quebranto de alrededor de cinco mil 600 millones de pesos, no está determinado debido a que no se descuentan los pagos recibidos.
A su vez, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Ortiz González, indicó que su grupo parlamentario dará puntual seguimiento a las investigaciones para evitar que exista impunidad, ya que es un caso originado en administraciones anteriores.
No se deben “inventar delitos, atender consignas y manejar escenarios que no corresponden”, y se pronunció por aplicar la ley y que no sea utilizada para fines distintos a abatir la impunidad.
Roberto Gil Zuarth, senador del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que se tienen que aplicar controles públicos adecuados para evitar este tipo de situaciones. Preguntó al Procurador: ¿Es una política de la PGR, será una política de la PGR el aseguramiento de empresas proveedoras del Estado por vínculos con hechos delictivos, aunque el hecho delictivo está referido a una relación entre particulares?.
La senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó que el caso Oceanografía “es un fraude controlado”, a gran escala, para que el número de responsables del delito sea mínimo.
Mencionó que existen otros indicios de defraudación fiscal que conducen a la evasión de obligaciones obrero-patronales ante el IMSS e Infonavit, así como una investigación donde se señala la participación de Amado Yáñez en el robo de combustibles y lavado de dinero para el Cártel del Golfo.
Carlos Alberto Puente Salas, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuestionó al funcionario sobre la existencia de afectaciones y conductas delictivas a la paraestatal y de posibles responsabilidades a funcionarios de Pemex o de otras dependencias del gobierno federal.
En sus respuestas, el Procurador indicó que la política de la dependencia es buscar la forma menos dañina de hacer las cosas haciendo valer la ley, y detalló, que el aseguramiento de los bienes de la empresa proveedora se deriva de que fue un instrumento de delito.
Descartó afectaciones al patrimonio de Pemex o intervención en esta, sin embargo, sus operaciones pudieron verse afectadas levemente uno o dos días. Y señaló que no tiene detectado que haya intervenido ningún funcionario de Pemex o del gobierno, pero “la investigación está abierta”.
En una segunda ronda de intervenciones, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, destacó que al dejar libre a Amado Yáñez, luego del pago de una fianza, se generó una “especie de preocupación de que pueda haber un camino a la impunidad”. Además cuestionó si hay otras empresas involucradas en el caso.
Del mismo grupo parlamentario, el senador Mario Delgado Carrillo preguntó cuánto costará seguir administrando la empresa, si hay recursos públicos en su administración o si todo se subsanará a partir del patrimonio de la misma.
El titular de la PGR respondió que hay más empresas involucradas. Este proceso no lo va a pagar el gobierno, “se va a pagar de la propia empresa, del propio patrimonio de la empresa”.
