* Expone GESMujer caso de la síndica municipal de Atatlahuca que enfrenta violencia política de género
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Angélica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), urgió a las autoridades de Oaxaca garantizar la seguridad y los derechos políticos de la síndica municipal de San Esteban Atatlahuca, Maribel Aída Velasco García, quien desde septiembre de 2020 ha enfrentado violencia política de género.
En conferencia de prensa conjunta, Ayala Ortiz expuso que este caso evidencia la grave situación que enfrentan las mujeres indígenas para ejercer su derecho a la participación política en condiciones seguras, ya que para muchas de ellas les representa poner en riesgo la libertad, la integridad o incluso la vida.
Velasco García, quien fue electa síndica por el sistema normativo interno el 25 de agosto de 2019 y asumió el cargo en enero de 2020, hizo notar que en cualquier tipo de conflicto son las mujeres quienes se quedan sin voz y sin representación.
Antes de asumir el cargo, entre ese municipio que pertenece a la región de la Mixteca, en el distrito de Tlaxiaco, enfrentó un conflicto agrario, político y social con sus comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán.
“En un conflicto las mujeres nos quedamos sin voz, sin representación y se eleva el riesgo de violencia política porque no nos permiten desempeñar nuestro cargo público en el sistema normativo interno”, precisó la síndica, ante el presidente municipal de San Esteban Atatlahuaca, Rogelio Bautista Barrios y el regidor de Hacienda, Carlos Riaño Sandoval.
Desde septiembre de 2020 tiene medidas cautelares por parte de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el mes pasado del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca porque ha enfrentado amenazas de muerte del Frente Indígena de Resistencia Juxtlahuaca y los señores Juan Gabriel Hernández García, José Fabián Bautista Hernández, Salvador Basante y Faustino Martínez Santiago.
Ayala Ortiz señaló que es urgente visibilizar el elevado nivel de riesgo que enfrentan las niñas y las mujeres en aquellos municipios en que se presentan conflictos comunitarios, urgiendo a las autoridades a incorporar la perspectiva de género y un enfoque intercultural en sus intervenciones, pues a la desigualdad y discriminación que viven por ser mujeres, se suma la violencia derivada de los conflictos no atendidos.
