Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca aprobada el 15 de julio del presente año, ya que la mayoría priista en ese Congreso violó el proceso reglamentario para discutir las modificaciones al estatuto, pues tomó por sorpresa a los grupos minoritarios.

Mediante esa reforma, el PRI eliminó a la Gran Comisión como órgano de gobierno del Congreso y conformó la Junta de Coordinación Política, misma que entraría en vigor en la LXI Legislatura local que iniciará funciones el próximo 13 de noviembre y que le garantizaba el control al tricolor.

El presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, dijo que lo acontecido en el Congreso de Oaxaca deja un mal sabor de boca, pues ni siquiera existe certeza del número real de votos que aprobaron la reforma.

“Esto de verdad deja mucha inseguridad jurídica respecto de la voluntad congresional, aparte de eso se suman otra serie de violaciones sobre las que ya no abundo”, expresó.

Durante la sesión del pasado 15 de julio, los perredistas acusaron al PRI de acelerar la reforma ante las órdenes del gobernador Ulises Ruiz, quien será sustituido próximamente por Gabino Cué.

El ministro Sergio A. Valls Hernández indicó que la dispensa de los trámites preparatorios a la discusión plenaria impidió que en la misma sesión, diversos diputados de las distintas fuerzas políticas que integran ese Congreso, hicieran valer los argumentos que estimaran pertinentes a favor o en contra de la iniciativa correspondiente.

“Las dispensas otorgadas por la mayoría coartaron en lo fundamental el funcionamiento del Congreso, como una cámara de deliberación política, en cuyo contexto las minorías tuvieran la posibilidad de hacerse oír, en virtud de que no todas las fuerzas políticas representadas en dicho Congreso, tuvieron la oportunidad de conocer y de analizar realmente la iniciativa presentada, sus repercusiones; y por ende, conducir un debate informado y razonado de las diferentes posturas que podrían asumirse frente a la iniciativa cuestionada”, añadió.

Por su parte, el ministro José Ramón Cossío declaró que este es uno de los casos en donde se ha cometido uno de los mayores atropellos legislativos.
“Realmente encuentro el procedimiento está plagado de vicios procedimentales que deben llevar, claramente para mí, a su invalidez”, agregó.