De acuerdo con la respuesta proporcionada por la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO) a un solicitante de información, con fecha 15 de junio y a través de la Unidad de Enlace, se informó que dicho pago fue convenido con el despacho del licenciado Pedro Alberto Nava Malagón, el cual, aclaró, hasta esa fecha no se había efectuado por estar sujeto al proceso administrativo correspondiente.
A petición del solicitante, el sujeto obligado dio a conocer que el despacho que elaboró los documentos presentados ante la SCJN en enero pasado, fue elegido considerando su experiencia acreditada en los temas.
“Demostró mediante currículo profesional exhibido que refleja su participación en trabajos similares con gobiernos de entidades como Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Sonora y Tlaxcala, así como con la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión”.
Además, agregó la SEGEGO, el despacho del licenciado Nava Malagón forma parte de la asociación de abogados “Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A. C.”, quienes “respaldan su trayectoria profesional y cuentan con personal especializado en la materia”.
Sobre el mismo tema, otro solicitante, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública que otorga la ley estatal de transparencia a todas las personas, requirió a la SEGEGO copia total del texto de las mencionadas controversias relacionadas con el conflicto limítrofe en la zona de los Chimalapas.
También, solicitó copia completa de la resolución pronunciada por el Ministro de la SCJN, Jorge Pardo Rebolledo, en la que desechó la controversia constitucional, y preguntó qué decisión jurídica adoptó el gobierno oaxaqueño para controvertir tal fallo.
En la respuesta proporcionada a través de la Unidad de Enlace el 22 de junio, la SEGEGO pide al solicitante comparecer en las oficinas de la dependencia para cubrir los costos correspondientes a la reproducción de la copia completa de la controversia constitucional mencionada, y para conocer el fallo del Ministro Pardo Rebolledo lo remite al portal electrónico de la SCJN.
Respecto a qué decisión jurídica adoptó el gobierno estatal para controvertir el fallo de la Suprema Corte, la respuesta fue que “se continuará con el procedimiento correspondiente en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
