Oaxaca, Oax.- Pese a que las autoridades estatales y municipales de Santos Reyes Nopala llegaron a un acuerdo para la disolución de la autodenominada policía comunitaria y regularizar a la policía municipal, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dará seguimiento a la Alerta Temprana 01/2013 y a las medidas cautelares solicitadas a favor de la población de ese municipio de la región Chatina y comunidades circunvecinas.

El visitador General de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, dijo que este organismo público, autónomo y ciudadanizado defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca reconoce la voluntad y los esfuerzos realizados, tanto por las instancias del Poder Ejecutivo como por las autoridades municipales de Nopala para privilegiar el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones que garantizan los derechos de todos y todas.

La Defensoría estará pendiente del proceso de regularización de la Policía Municipal de Nopala, con el fin de que todas las acciones tendientes al fortalecimiento de este cuerpo policial se realicen en base a principios y estándares que en materia de derechos humanos reconocen los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apuntó.

Indicó que tanto el proceso de certificación de los elementos de este cuerpo policial, como el registro del armamento que utilicen y sus protocolos de actuación deben estar acordes a los sistemas estatal y federal de Seguridad Pública.

Asimismo, deben apegarse a un enfoque de derechos humanos que garantice la seguridad pública y jurídica de la ciudadanía de ese municipio y del personal del Ayuntamiento de Santos Reyes Nopala.

Rodríguez Ramos reiteró que la Defensoría continuará con los trámites de la Alerta Temprana 01/2013 emitida el lunes 11 de enero, al conocerse la formación del grupo armado de personas civiles autodenominado policía social comunitaria.

Asimismo, dará seguimiento a las medidas cautelares solicitadas a las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado a favor de las y los pobladores de Nopala y comunidades circunvecinas con el fin de cerciorarse que durante estos hechos no se hayan vulnerado derechos humanos y en su caso proceder en consecuencia o cerrar el expediente de acuerdo a los lineamientos del mismo organismo.