* Asimismo, el fortalecimiento de su diseño institucional

* Destacan la necesidad de poner mayor atención en la construcción de todo el andamiaje institucional del sistema anticorrupción

Ciudad de México.- Durante las mesas de trabajo del foro “Sin Fiscalía no hay combate a la corrupción”, senadores, especialistas y académicos intercambiaron opiniones acerca del diseño, organización, facultades de investigación, autonomía y el Servicio Civil de la Fiscalía General de la República.

El senador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, subrayó que es urgente revisar el sistema de procuración de justicia, hacer rediseños institucionales y modificar normas, entre ellas la Ley de Obra Pública, la extinción de dominio, la de adjudicaciones y, de suma importancia, se necesitan de otros funcionarios.

Luego de señalar que dichos funcionarios deben pasar cuatro pruebas: de integridad, competencia profesional, independencia y de carácter, añadió que se requiere una revisión integral y no tener “nunca más un México donde el subordinado exonere al jefe; quitar el pase automático y poner a alguien que no sea un intentador, sino un fiscal; que los nombramientos y remociones sean de manera republicana, con contrapesos, y que los mandatos no duren nueve años”.

La presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Pilar Ortega Martínez expresó que en medio del debate nacional sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, un punto fundamental será la construcción de un sistema jurídico-constitucional en materia de autonomía y procuración de justicia que funcione: “por ello se ha establecido la necesidad de ir cambiando este modelo, para que al final el sistema anticorrupción y el sistema de justicia se vean beneficiados”.

Dijo que es necesario hacer una revisión del propio marco conceptual en el cual fue creada esta Fiscalía General autónoma, tanto su diseño, organización, mecanismo de nombramiento, pero también, revisar las facultades de investigación, la posible separación de la policía de la Fiscalía, el tema de los servicios forenses y su autonomía y el Servicio Civil.

En tanto, el senador del Grupo Parlamentario del PT, Luis Humberto Fernández Fuentes, manifestó que el problema radica en el Estado de derecho y la “incapacidad” del Estado mexicano para garantizar la seguridad y el patrimonio de sus ciudadanos, el cual se debe resolver a través del modelo de procuración de justicia.

La única forma en que el Legislativo tenga credibilidad en este tema es construir un diseño constitucional que enfrente la realidad criminal, que represente al Estado mexicano y pueda resolver sus problemas, puntualizó.

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Marcela Torres Peimbert, indicó que el país tiene la necesidad de garantizar la seguridad para los ciudadanos y de que se la ofrezca una procuración de justicia real.

A su vez, el senador del PAN, Víctor Hermosillo y Celada, aseveró que los ciudadanos están clamando que haya combate a la corrupción. Se requiere, abundó, de un cambio de verdad, que se vea lo técnico pero también no olvidar lo moral para que las cosas funcionen, que tengan las personas suficiente autoridad moral para que haya una justicia como debe ser y no a modo.

En este sentido, Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opinó que el cambio constitucional que transforma al Ministerio Público en la Fiscalía General de la República, como un órgano autónomo, “es una de las reformas más gatopardistas que he visto en México. Se reformó para que todo siguiera igual”, subrayó.

El ex secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, señaló que si se pretende implementar una fiscalía autónoma, son indispensables fiscales con capacidades operativas importantes, “porque la parte más grave de su autonomía está en el control de sus omisiones, por lo que un diseño de la Fiscalía equivocado es haber asumido la autonomía completa”.

El investigador de México Evalúa, Marco Fernández, advirtió que es necesario brindar a la Fiscalía el presupuesto necesario, ya que hay una contradicción a la hora de establecer los recursos para la procuración de justicia. Explicó que el presupuesto aprobado para la procuraduría evidencia una reducción en su presupuesto del 9.6 por ciento de sus recursos.

Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que es fundamental que la discusión sobre el tema de la Fiscalía se concentre en su diseño institucional, más que en la figura del Fiscal. “Debemos concentrarnos en los cambios constitucionales, legales y los procesos en los que va a operar, más que simplemente en el Tlatoani que llegará a salvarnos”.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, indicó que es necesario que a la Fiscalía se le dote de una política delictiva definida, a efecto de que no sea utilizada con otros fines; “sin embargo, no nos hemos dado como país, la oportunidad de discutir una política criminal”.

Layda Negrete Sansores, integrante de México Evalúa, señaló que la reforma del año 2014 quedó incompleta, respecto del proceso de designación que garantice que haya un perfil con honorabilidad, reputación e independencia política. “Es decir, un mejor proceso de la designación del fiscal”.

Miguel Sarre Iguínez, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consideró que la Fiscalía necesita un diseño institucional, en el que exista un equilibrio de fuerzas interno y externo, que permita garantizar plenamente el uso de sus facultades.

El catedrático del CIDE, Javier Cruz Angulo Nobara, indicó que más allá del nombramiento del Fiscal, es necesario fijar la atención en la construcción de las instituciones del Estado mexicano.

Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), sostuvo que hasta la persona más íntegra se puede corromper en una institución mal diseñada, y consecuentemente se debe dar una gran importancia a la institución, en este caso, a la Fiscalía Anticorrupción. Recalcó que no basta la honestidad o la integridad, sino que se tienen que diseñar instituciones que impidan que se puedan corromper.

Gustavo de Hoyos, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo: tenemos instituciones inadecuadamente diseñadas y malos funcionarios, por lo que el inicio de solución del problema de la corrupción pasa por mejorar las leyes, las instituciones y de los procesos de quienes se encargan de las instituciones y, sobre todo, un buen diseño de los órganos de control, locales y nacionales.