Ciudad de México.- En el marco de la visita próxima a Ottawa, Canadá, de miembros del gabinete del presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, el senador Napoleón Gómez Urrutia solicita pedir al gobierno de ese país que se investigue las violaciones laborales y ambientales cometidas por algunas empresas mineras canadienses en México.
Desde hace muchos años el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, junto con defensores de derechos humanos ambientales y de las comunidades afectadas, han criticado a las empresas que han violado los derechos humanos de las y los habitantes de las zonas donde operan y de sus trabajadores. Adicionalmente, se ha contaminado el medio ambiente sin alguna sanción de parte del gobierno federal.
Resulta falso el argumento de las empresas mineras canadienses afirmando que el Gobierno de México no permitirá que el ombudsman canadiense investigue las actividades de empresas de ese país en territorio nacional.
Debe plantearse la cooperación del nuevo gobierno con los esfuerzos de Canadá para obligar a sus empresas a respetar los derechos humanos, laborales y ambientales, así como dejar en claro que no se dejará en la impunidad los asesinatos y otras injusticias de compañías mineras, ni extranjeras ni mexicanas.
Algunos casos conocidos son los de la compañía Blackfire en Chiapas, donde el defensor comunitario Mariano Abarca fue asesinado en 2009; Excellon Resources en Durango, donde la empresa reprimió el Ejido La Sierrita y suprimió el intento de sus trabajadores de sindicalizarse en 2012.
Torex Gold Resources en Guerrero, donde tres miembros del Sindicato Minero, los hermanos Víctor y Marcelino Sahuantitla Peña, así como Quintín Salgado Salgado, fueron asesinados durante el último año por exigir un sindicato democrático. “Ninguno de estos asesinatos fue investigado o sancionado por las autoridades mexicanas ni por las canadienses”, asegura Gómez Urrutia.
Por ello, dijo, el movimiento sindical y la sociedad civil de Canadá han abogado con éxito para que el gobierno canadiense establezca un ombudsman de derechos humanos para las comunidades y trabajadores cuyos derechos han sido violados por corporaciones canadienses. Han exigido que este ombudsman obtenga:
Verdadera independencia del gobierno y de la influencia corporativa; Presupuesto adecuado; Sólidos poderes para investigar de forma independiente, incluido el poder de ordenar la producción de documentos y testimonios de individuos y compañías canadienses y un mandato para realizar informes públicos.
Cabe recordar que el mecanismo del citado ombudsman fue anunciado por Canadá en enero del presente año, ya hace 10 meses. Sin embargo, las autoridades de ese país no han nombrado a ningún ombudsman.
El gobierno canadiense originalmente prometió que el responsable de esta actividad tendría el poder y los recursos necesarios para investigar de forma independiente, incluso el poder de ordenar la producción de información, documentos y testimonios de las empresas.
Las compañías de ese país que operan en México están ahora tratando de asegurar que el ombudsman no tenga tales poderes sólidos para investigar de forma independiente y reportar públicamente, y uno de los argumentos que han presentado es que ningún gobierno extranjero permitirá que un ombudsman canadiense investigue las actividades de empresas canadienses en su país, reveló el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República.
Ante ello, el también presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, consideró necesario que el próximo Gobierno de México realice un pronunciamiento público acogiendo la creación de un ombudsman que pueda investigar de manera independiente y resalte la importancia de su nombramiento.
Gómez Urrutia solicitó de manera respetuosa a los próximos secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Economía, Graciela Márquez Colín; de Energía, Rocío Nahle García; de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, de Semarnat, Josefa González Blanco; de Sagarpa, Víctor Villalobos Arámbula, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas, que en las pláticas con sus homólogos canadienses se:
Desmienta el falso argumento de las empresas mineras que el gobierno de México no permitirá que el ombudsman canadiense investigue las actividades de empresas canadienses en México;
Ofrezca la cooperación del nuevo gobierno con los esfuerzos de Canadá de obligar a sus empresas a respetar los derechos humanos, laborales y ambientales en todos los países donde operen;
Establezca con claridad que el nuevo gobierno democrático de México no dejará en la impunidad los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidos por las empresas mineras, ni extranjeras ni mexicanas.
