* El magistrado de la Sala Superior dijo que el TEPJF deben contribuir para que otras autoridades apliquen medidas concretas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres
* Indicó que al dictar resoluciones deberán de tomar en cuenta la cosmovisión de las comunidades y los pueblos indígenas
Ciudad de México.- Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que las tareas de los tribunales, como parte del aparato estatal, es condenar toda forma de discriminación basada en el género y contribuir a que otras autoridades apliquen medidas concretas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
Al participar en la mesa redonda “El derecho humano al desarrollo y la participación política de las mujeres rurales e indígenas”, en el marco del Seminario “La participación política de las mujeres rurales”, indicó que esta labor también incluye, por supuesto, invalidar, cuando así sea necesario, las leyes que inhiben o limiten la participación de las mujeres en la vida política y pública en sus comunidades.
“Los tribunales debemos resolver los casos, tomando en cuenta la forma en que una determinada resolución contribuye a recalibrar un entorno de desigualdad. Las y los jueces deben analizar las condiciones de desigualdad que se reflejan de manera material, de manera sustantiva y que únicamente dan cuenta de la simetría que hay en materia de empoderamiento de mujeres y los prejuicios que socialmente se reproducen o se institucionalización”, aseguró.
En este tenor, Rodríguez Mondragón señaló que, por ejemplo, al tratarse de comunidades indígenas y rurales, las resoluciones del TEPJF han tomado en cuenta la cosmovisión de las comunidades y los pueblos indígenas, a la vez que se busca contribuir a empoderar a las mujeres sin transgredir esas dinámicas de las comunidades rurales.
“Al margen de los conflictos que cada comunidad puede tener, las y los jueces nos enfrentamos a la dificultad de resolver asuntos de paridad de género, especialmente cuando se involucran entornos donde se puede provocar o generar efectos que no se desean y que pueden generar dinámicas de deterioro social o de exclusión de las comunidades”, explicó.
Así, continuó, “las demandas de género de las mujeres rurales que buscan ejercer sus derechos a cambiar formas culturales que atentan contra su dignidad y que no les permiten reconstruir sus relaciones de género, desde una perspectiva más igualitaria y justa, es el principal reto que enfrentamos los Tribunales electorales de este país”.
Durante su participación en el evento realizado en la antigua sede del Senado de la República, destacó que las mujeres históricamente han sido discriminadas en el acceso y ejercicio de sus derechos político electorales, pero además en virtud de las tradiciones patriarcales, que se encuentran fuertemente arraigadas, también sufren de discriminaciones y patrones de subordinación que inciden en su rol social y en su ámbito personal.
En contraste, asintió que el aporte del trabajo de las mujeres es decisivo para que los ingresos del grupo permitan mantener a la familia alejada de situaciones de extrema pobreza, y disminuir sus efectos en muchos hogares rurales, además de que son clave para la puesta en práctica de estrategias de sobrevivencia en el ámbito rural, por sustitución, “ustedes son las que reemplazan a los hombres cuando se van, ustedes son quienes diversifican muchas de las actividades productivas”.
En la mesa redonda participaron Araceli Celestino Rosas, presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla; Gina Diéz Barroso Azcárraga, representante de la iniciativa privada; Margarita Favela Herrera, consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada del Tribunal Superior Agrario.
