Grupo de Puebla, Puebla, septiembre y octubre de 2023.

Nosotras y nosotros, reunidas y reunidos en esta ciudad que dio origen a nuestro Grupo, conscientes de los retos inmediatos que enfrenta América Latina y el Caribe y de la necesidad inaplazable de que se sigan sumando voces y fuerzas al progresismo latinoamericano y caribeño:

Declaramos que el objetivo de este encuentro ha sido debatir, proponer y construir mecanismos y transformaciones que nos permitan enfrentar, a través de una política de protección basada en la integración regional, la soberanía y la seguridad, los múltiples desafíos del mundo moderno, como la crisis medioambiental y el reordenamiento geopolítico multipolar.

Expresamos preocupación por la Argentina, donde crecen candidaturas de ultraderecha que, en nombre de la libertad y la democracia, prometen suprimir a los opositores como si fueran enemigos, acabar con las instituciones y suprimir los derechos conquistados por la ciudadanía durante décadas.

Lamentamos los descalificativos lanzados por el candidato de extrema derecha contra el Papa Francisco.

Advertimos el crecimiento en Latinoamérica y el Caribe (LAC) de una derecha antidemocrática que avanza, sin embargo, democráticamente, con esa vieja ideología, el fascismo, que consiste en dividir entre “amigos y enemigos”, y cuyas posturas en contra del progresismo ponen en riesgo el pluralismo.

Denunciamos los intentos de sabotear la transición al nuevo gobierno electo en Guatemala, liderado por el Presidente Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta Karin  Herrera, elegidos mayoritariamente en las elecciones del 20 de agosto.

Así como también denunciamos una guerra jurídica (lawfare) por parte de las autoridades judiciales, para deslegitimar la candidatura ganadora del Movimiento Semilla, incluyendo amenazas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias.

Solicitamos a las autoridades judiciales y disciplinarias proceder a sancionar las conductas del ministerio público que alteran la democracia.

Apoyamos a Bernardo Arévalo para regir los destinos de Guatemala a partir de enero de 2024. Nos declaramos en emergencia para observar el proceso político hasta el 14 de enero para garantizar el respeto por la voluntad popular e intentaremos hacer presencia in situ.

Confiamos en que el proceso electoral en marcha en Ecuador, y que culminará en una segunda vuelta el 15 de octubre, permita al país volver a la senda de la vitalidad democrática y reponerse de las consecuencias de la persecución política que han auspiciado medios e instituciones.

Así mismo, crearemos una comisión permanente de trabajo y acompañamiento al proceso boliviano con el objetivo de afianzar la unidad del progresismo.

Enfatizamos en que el problema de la soberanía y de las intervenciones de potencias extranjeras, sigue siendo un escollo para la profundización de la democracia y la libertad en nuestra región.

Solo durante el último lustro son numerosos los casos que demuestran esta situación; a saber: Bolivia 2019 y el Golpe de Estado contra Evo; el préstamo récord del FMI a Mauricio Macri, que condicionó e hipotecó la soberanía económica de la Argentina; la intervención encabezada en Venezuela por Juan Guaidó, y sus intentos de golpe y desestabilización; o las declaraciones, a lo doctrina Monroe, de Laura Richardson que anuncian la intervención de EEUU en la región con la excusa de frenar a China.

Recordamos que el escenario global, nos brinda a los habitantes de la región LAC una oportunidad única para que, a través de una alianza regional, podamos defender nuestra autonomía, dignidad y la seguridad alimentaria y material de nuestros pueblos.

Debemos superar la polarización a la que nos ha llevado la derecha radical y por eso proponemos una alianza fundamentada en relaciones internacionales entre Estados y no entre gobiernos.

Observamos con optimismo la reactivación del SICA, UNASUR y CELAC, y los

esfuerzos de coordinación de los distintos organismos subregionales, como la contribución de la Corporación Escenarios de Colombia y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Creemos que una de las primeras tareas concretas de América Latina y el Caribe, consiste en relanzar una nueva arquitectura financiera adaptada a sus necesidades, centrando su mirada en la creación de una moneda única y propia, y una nueva institucionalidad para manejar sus necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo.

Así mismo, y como marco de referencia de este esfuerzo, el Grupo de Puebla propone un MODELO SOLIDARIO DE DESARROLLO, para reemplazar el Modelo Neoliberal, que se base en la inclusión social, la generación de valor, la transición ecológica, en una institucionalidad social y en la construcción de una nueva ciudadanía democrática.

Recordamos que históricamente han sido los países desarrollados, quienes más han contribuido, globalmente, al desastre del cambio climático, y localmente, a la destrucción de los ecosistemas de los países del Sur Global. Llamamos a asumir responsabilidades diferenciadas para enfrentar una fenómeno compartido.

Respaldamos el protagonismo geopolítico, soberano y ecológico que está tomando Brasil y Colombia de la mano de los presidentes Luis Inacio Da Silva y Gustavo Petro para defender la Amazonía y revivir en ese sentido la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Así mismo, y como marco de referencia de este esfuerzo, el Grupo de Puebla propone un MODELO SOLIDARIO DE DESARROLLO para reemplazar el Modelo Neoliberal, que se base en la inclusión social, la generación de valor, la transición ecológica y energética, en una institucionalidad social y en la construcción de una nueva ciudadanía democrática, tal como se viene proponiendo y desarrollando en países como Colombia a través del liderazgo del presidente Gustavo Petro.

Invitamos a los dirigentes progresistas de Bolivia a encontrar espacios de reconciliación que permitan la continuación del proyecto político.

Respaldamos junto con ello el rol de Brasil en los BRICS, alianza que ha reafirmado su compromiso con el multilateralismo, y en contra de la oposición a las sanciones unilaterales y de las barreras comerciales, y que ha puesto énfasis en la utilización de monedas nacionales para transacciones financieras junto a su rechazo a la dependencia del dólar.

Desdolarizar la economía significa que, en vez de utilizar una única moneda para intercambio se utilice una canasta de monedas como lo están proponiendo Lula Da Silva, los BRICS y varias regiones de Europa.

Lamentablemente, esto está siendo manipulado mediáticamente en Ecuador para afectar la campaña electoral, haciendo creer que desdolarizar significa que las economías nacionales que utilizan el dólar como moneda nacional lo abandonen. Rechazamos esta campaña sucia.

El Grupo de Puebla convoca a seguir respaldando los esfuerzos del Presidente Gustavo Petro por alcanzar la paz. La estrategia de Paz Total en Colombia es la paz de la región.

También su llamado realizado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en otros foros internacionales, a tomar acciones inmediatas para enfrentar la crisis climática. Sus propuestas de canjear deuda por acción climática y pago por servicios ambientales, para financiar las apuestas de protección ambiental, especialmente la Selva Amazónica, deben ser acogidas por el conjunto de naciones latinoamericanas y caribeñas, incluyendo el abordaje de la discusión urgente del cambio de modelo de lucha contra las drogas.

El Grupo de Puebla reconoce las luchas feministas como motor de las transformaciones democráticas y de los gobiernos y procesos populares de nuestros países, y hace propias las justas reivindicaciones de las mujeres y las disidencias sexo genéricas, que han sido visibilizadas por el movimiento feminista y el movimiento LGTBIQ+ en distintos lugares del mundo.

Hace expresa su voluntad de contribuir a la lucha por la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia de género, contribuir a la conquista y garantías de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, impulsar el reconocimiento del trabajo de cuidados como sostenedor de la vida y las economías, y como un derecho que debe ser garantizado.

Se declara por tanto, partícipe de su lucha por la igualdad de oportunidades y derechos, desde una perspectiva de clase, popular, interseccional y antineoliberal.

No hay progresismo, ni democracias sanas sin la participación activa de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en los espacios de poder político y de toma de decisiones, por tanto, el enfoque de género debe ser elemento constitutivo de las propuestas programáticas del progresismo y sus gobiernos.

Además asumimos el desafío de incorporar los temas de género y equidad en nuestros diálogos y reflexiones,  no solo desde las mujeres, sino que como conjunto de nuestro grupo, incorporando el criterio de paridad en todos nuestros espacios de trabajo.

Invitamos a nuestros gobiernos a ser protagonistas y no testigos de los cambios que está provocando la inteligencia artificial y su promesa de automatizar y reemplazar el trabajo humano.

Denunciamos los juicios políticos y la guerra jurídica que buscan no otra cosa, sino la supresión de los liderazgos progresistas en nuestra región, como ha ocurrido en los casos de Cristina Fernández, Rafael Correa, Luis Inacio da Silva, Evo Morales y Marco Enríquez-Ominami, entre otras y otros.

Destacamos así mismo, los esfuerzos del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), creado por el Grupo de Puebla para visibilizar el lawfare y trabajar infatigablemente por la soberanía jurídica y el respeto a los derechos humanos.

Condenamos los intentos de desestabilización y golpes contra Xiomara Castro en Honduras.

Llamamos la atención de una ofensiva en su contra que busca replicar atentados recientes contra la democracia y el progresismo.

Demandamos el fin a la persecución político-judicial y al lawfare dirigido a destruir opositores políticos, líderes y lideresas populares y de la sociedad civil, incluyendo periodistas independientes, así como el respeto al Estado democrático de derecho, a la institución de la alternabilidad en el poder y la no reelección establecidas en la Constitución desde la fundación de la República de El Salvador, el levantamiento del estado de excepción permanente y el total respeto a los derechos humanos exigido por los relatores de la ONU.

Llamamos la atención sobre la importancia del tema migratorio, y exhortamos a los Estados para hacer realidad los derechos de las y los migrantes. Celebramos los esfuerzos recientes de los gobiernos de Colombia y México de convocar a la región para hacer frente a la constante violación de derechos de quienes migran en la frontera sur de los Estados Unidos.

Nos preocupa la criminalización de los migrantes. Como progresistas, invitamos a ver la migración como un derecho para llegar a un consenso regional y tener una voz propia frente a Estados Unidos.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y saharaui y reafirmamosnuestro compromiso con la autodeterminación de los pueblos y la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática y Palestina.

Celebramos la candidatura de Claudia Sheinbaum y damos nuestro apoyo para elproceso democrático y plural de Morena.

Reconocemos que el narcotráfico es un reto global y transnacional. La llamada guerracontra las drogas ha fracasado, agravando el problema en lugar de resolverlo, como hanseñalado diversas organizaciones y líderes políticos.

Los países que son los principales consumidores, deben asumir su responsabilidad y buscar alternativas de solución que no generen más muertes que las que provocan por sí mismas las drogas.

El fenómeno mundial de las drogas no debe seguir enmarcado como un problema de seguridad sino de derechos humanos. Así entendida, la nueva política debe tomar en cuenta a los eslabones débiles de la cadena de las drogas como los campesinos, los consumidores, los adictos, los micro distribuidores y las mulas que la transportan en pequeñas cantidades y atacar con energía con los eslabones duros de la cadena como las organizaciones criminales, los narcotraficantes, lavadores de dineros ilícitos y contrabandistas de precursores químicos.

Agradecemos al gobierno de Puebla por su hospitalidad y generosidad incondicionales.

En virtud de todo lo anterior llamamos a:

– La Integración regional para defender la autonomía, la dignidad y la seguridad UNASUR y el rol de CELAC, así como la coordinación entre diferentes organismos subregionales y la creación de una nueva arquitectura financiera adaptada a las necesidades de la región, incluyendo la propuesta de una moneda única y una nueva institucionalidad para manejar las necesidades financieras.

– Reemplazar el Modelo Neoliberal por un MODELO SOLIDARIO DE DESARROLLO, enfocado en la inclusión social, la generación de valor, la transición ecológica, una institucionalidad social y la construcción de una nueva ciudadanía democrática.

– Actuar frente a la crisis climática y exigir a los países desarrollados que ratifiquen los protocolos y acuerdos globales de cuidado medioambiental y apostar por la promoción, difusión y acciones que permitan la concreción de los Acuerdos de Escazú.

– Ucrania y Rusia, para decretar un cese temporal al fuego y explorar la posibilidad de un diálogo en busca de la paz, siguiendo las propuestas de varios líderes internacionales como Xi Jinping, Luis Inacio da Silva y el Papa Francisco.

– Que los gobiernos progresistas impulsen medidas para erradicar todas las formas deviolencia contra las mujeres, y promueban la equidad, derechos y oportunidades con perspectiva feminista. y, denunciamos:

– El lawfare, que continúa suprimiendo los liderazgos progresistas en la región.

– Las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela y Cuba. Estos actos no solamente violan la carta de derechos humanos, sino que significan una declaración de guerra y actos subsecuentes que golpean a los más vulnerables.

– El injerencismo de la OTAN y la exacerbación de conflictos geopolíticos.

En el IX Encuentro del Grupo de Puebla CLAJUD advierte sobre la ruptura de las instituciones democráticas y la agudización del Lawfare en América Latina CLAJUD reitera su apoyo a las compañeras y compañeros del movimiento progresista en América Latina ante la persecución de sus partidos políticos, el desconocimiento -en algunos casos institucional- de sus resultados electorales y el uso de los poderes fácticos para desprestigiar los gobiernos que promueven el cambio.

Tras el triunfo progresista en Guatemala y en las elecciones de primera vuelta en Ecuador, sumado a la avanzada de los gobiernos alternativos en Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Honduras, se advierte una serie de actuaciones político judiciales irregulares en algunos de ellos: la anulación de la Personería jurídica del Partido Semilla y la toma del Tribunal Supremo Electoral por parte de la Fiscalía en Guatemala, la persecución de la Fiscalía General de la Nación contra el hijo de Gustavo Petro en Colombia en la medida que se utiliza contra el Presidente Petro, así como la acción del Consejo Nacional Electoral sobre responsables que encabezan candidaturas electorales alternativas en territorios, dilatando los mecanismos procedimentales de impugnación que, en definitiva buscan la eliminación del derecho a ser elegibles; los constantes intentos de golpe de Estado contra Xiomara Castro en Honduras, la persecución judicial y el atentado contra de Cristina Fernández de Kirchner, la falta de independencia y parcialidad del poder judicial en Ecuador, las graves violaciones a los derechos humanos de los manifestantes en Perú por parte del gobierno de Dina Boluarte, la investigación sumaría a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia en Perú que apuntaría a la búsqueda de impunidad y la captura del sistema electoral, la criminalización de la oposición política en El Salvador y los juicios arbitrarios contra sus lideres; ponen de presente la intención de desconocer los resultados democráticos, afectar la contienda electoral y desestabilizar a los gobiernos legítimos criminalizando los mandatos populares.

Desde CLAJUD condenamos la presencia sistemática del Lawfare en América Latina y la judicialización de la política, rechazamos las medidas coercitivas unilaterales hacia Venezuela y Cuba e insistimos en el cese del ataque a las condiciones básicas de la democracia, como son las libertades políticas. Es necesaria la finalización de estas actuaciones para garantizar la consolidación de una agenda progresista que responda a los desafíos globales.

Avanzamos