Las autoridades civiles de México deben investigar urgentemente la desaparición forzada de un hombre detenido por integrantes de la marina mexicana en el estado de Tamaulipas la semana pasada, ha pedido hoy Amnistía Internacional.
Las autoridades de la Marina han negado su participación en la detención de José Fortino Martínez el 5 de junio, sin embargo testigos afirman haber visto vehículos oficiales llevando a Martínez a una base militar cercana.
“La negativa de la Marina a reconocer su participación en la detención de José Fortino Martínez no es creíble dadas las evidencias” Ha dicho hoy Javier Zúñiga, consejero especial para América de Amnistía Internacional.
Al menos otros tres hombres, José Cruz Díaz Jaramillo, Joel Díaz Espinoza y Martín Rico García, desaparecieron aparentemente después de haber sido detenidos por oficiales de la marina en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas – que colinda con Estados Unidos- entre el 2 y 5 de junio.
“Estos hombres se encuentran en gran riesgo de sufrir tortura, malos tratos e incluso la muerte. Mientras más tiempo pase, el peligro se incrementa” dijo Javier Zúñiga.
Amnistía Internacional solicita al la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lleven a cabo investigaciones imparciales y efectivas para encontrar a los desaparecidos.
“Estas investigaciones deben incluir acceso completo tanto a las instalaciones de la Marina como al personal involucrado, y prevenir que abusos semejantes puedan volver a tener lugar” dijo Javier Zúñiga.
Familiares los desaparecido han presentado denuncias con autoridades federales, pero en todos los casos estas autoridades han negado haber participado en los operativos y las investigaciones no han producido resultados.
Cuando los familiares protestaron afuera del ayuntamiento durante la noche de la detención de José Fortino Martínez, miembros de la Marina Mexicana los amenazaron con detenerlos si continuaban con la protesta.
El papel cada vez más alto de la Marina en operaciones policiales coordinadas por las Fuerzas Armadas en diferentes regiones del país en contra del crimen organizado ha traído consigo un riesgo de mayor número violaciones de derechos humanos.
El sistema de justicia militar que investiga este tipo de abusos, no es imparcial, independiente ni transparente dificultando a los familiares el acceso a la justicia.
“Amnistía Internacional está totalmente al tanto del incremento indiscriminado de la violencia resultante del crimen organizado que ha afectado a grandes sectores de la población que no están involucrados con actos delictivos. Las autoridades mexicanas tienen el deber de proteger a la población, sin embargo las desapariciones forzadas violan el Estado de derecho y pueden constituir crímenes de lesa humanidad,” aseguró Javier Zúñiga.
