* Respetuoso de su legislación y asuntos domésticos, el Gobierno de México recurre a las cortes de Estados Unidos

* Señala que ha sufrido daños derivados de prácticas de comercialización negligente de fabricantes y distribuidores de armas en ese país

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, encabezó este miércoles la presentación de acciones legales en contra de la comercialización de armas y su tráfico ilícito a México, en presencia del senador Ricardo Monreal Ávila; el diputado Ignacio Mier Velazco; el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara; el fundador de la firma Hilliard & Shadowen, Steve Shadowen y la académica especialista en temas de seguridad en México, María de Haas Matamoros.

En la presentación, los miembros del panel conversaron sobre las acciones negligentes de empresas involucradas en el comercio de armas, mismas que fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México.

Organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por Internet, ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en México.

Por lo anterior, resulta indispensable para el Gobierno Federal iniciar una acción legal factible en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas que están íntimamente vinculadas a la violencia que se vive en el país.

El Gobierno de México es respetuoso de las libertades y derechos que otorgan las legislaciones de otros países. En ese sentido, la demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México.

En el marco de estas acciones, Ebrard Casaubon señaló que este miércoles se presentó una demanda civil de daños “para que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. Indicó que el monto de esta exigencia será determinado en el juicio.

Enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.

Añadió como esencial que también incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito; que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en México.

El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades.

Sin poder ignorar el uso que se da a esas armas en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma.

Por su parte, Monreal Ávila insistió en el hecho de que “muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la introducción ilegal de armas a nuestro país”.

Recordó que hace unas semanas el Congreso presentó un Punto de Acuerdo sobre el uso de armas, aprobado por unanimidad, “en el que se solicitó la acción de la Cancillería contra este mal, pues es al que se atribuye el aumento de la violencia, el armado de los cárteles y grupos criminales, que cometen no solo tráfico de drogas, sino también secuestros, asesinatos, homicidios y muchos otros delitos.

Celorio Alcántara dejó claro que esta demanda no es en contra del Gobierno de Estados Unidos, “a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones”, sin embargo, mencionó que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder a nuestro país.

A su vez, de Haas Matamoros subrayó que el tráfico de armas “es el antagonismo sistémico que está generando afectaciones multidimensionales en la región”, pues la violencia que genera el aumento de poder de fuego de los delincuentes genera movimientos migratorios en Centroamérica.

En tanto, agregó, el poder armamentista es usado para proteger mercancía ilícita, como los precursores químicos y opioides sintéticos, dentro de los cuales el fentanilo es el de más gravedad. En este sentido, aseguró que “el tráfico de armas debe ser visto como el catalizador de amenazas más preocupante de este siglo”.

Steve Shadowen hizo hincapié en que este es un litigio estratégico para dar cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos “cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes están comprando las armas y en dónde”.

La demanda del Gobierno de México en contra del comercio negligente de armas en Estados Unidos y de su tráfico a México es una iniciativa basada en la confianza en las instituciones de ambas naciones. El propósito es combatir un problema regional de grandes magnitudes que cobra muchas vidas humanas, y que se suma a los distintos esfuerzos que realiza el país para combatir al tráfico ilícito de armas.

Con esta acción sin precedentes en la historia de la política exterior, el Gobierno de México hace frente a los retos y complejidades que plantea el siglo XXI, reforzando la consideración de todas las opciones y oportunidades que le otorga su pertenencia al sistema internacional.