* De nada sirve avanzar en derechos políticos y ciudadanos, si a las mujeres las siguen asesinando por su condición de género: Encinas Rodríguez
México, DF., 14-dic-2014.- El senador Alejandro Encinas demanda a las autoridades aplicar la “alerta de género” en el Estado de México, a fin de garantizar la seguridad de víctimas y familiares que emiten alguna denuncia; así como tomar medidas urgentes frente a la desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país y realizar investigación exhaustiva en cada uno de los casos.
En los últimos dos sexenios, el Estado de México se ha visto envuelto en un contexto de violencia hacia la mujer que ha quedado exento de justicia; De enero de 2005 a agosto de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registró en esa entidad 922 casos de feminicidio, de los cuales, en 526 se desconoce la identidad del agresor, reveló.
Para el Senador Encinas, en el Estado de México, la demanda por parte de la sociedad y la opinión pública, es para que se emita una alerta de género; misma que se ha evitado desde antes del gobierno de Eruviel Ávila.
Las cifras de mujeres desaparecidas, asesinadas, violadas, ultrajadas; es decir, violentadas de alguna forma, han detonado las críticas ante las calificaciones que ubican a la entidad con una mejoría sistemática. La alerta de género se exige ante el recuento de las niñas desaparecidas y asesinadas en los últimos seis años, aseguró el senador.
El legislador retomó las declaraciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que aseguró que ni a los gobiernos estatales ni al federal les interesa proteger el derecho de las mujeres a la vida pues no ha implementado de manera correcta los mecanismos de resguardo que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Apuntó que el OCNF, acompañado de otras asociaciones, han solicitado al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEV), que se declare alerta de género en por lo menos ocho estados de la República; sin embargo, la SNPASEV y los gobiernos locales han impedido que se apruebe este procedimiento en reiteradas ocasiones.
El SNPASEVM, integrado por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social; además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres de las 32 entidades federativas; rechazó la alerta de género en julio pasado y determinó que las organizaciones civiles no han demostrado que existe una verdadera situación de violencia de género en el Estado de México.
Con esa decisión se rechazó por segunda ocasión en la entidad, la primera vez ocurrió en enero de 2011.
Encinas Rodríguez manifestó que los feminicidios son “delitos de estado” pues, hasta la fecha, las autoridades se han negado a reconocer este trágico fenómeno, de igual manera, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) señaló como responsable al gobierno mexicano de violar los derechos humanos de las mujeres al no prevenir las agresiones y las muertes de tantas mujeres.
Según datos facilitados por el OCNF, entre 2010 y 2013, fueron asesinadas en México tres mil 892 mujeres, y solo 613 casos fueron investigados como feminicidio. Solamente se sentenció al 1.6 por ciento de los encausados; es decir, otro factor que no abona para erradicar, o por lo menos controlar el feminicidio en México, es la impunidad, un lastre que arrastra todo el sistema judicial del país, sentenció.
La declaración de alerta de género es una necesidad imperante en el país, ya que se cuenta entre cinco a seis muertas por día con exceso de violencia; los estados de Veracruz, Chiapas, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca son los de mayor incidencia, pero el Estado de México encabeza la lista con más de 12 muertas cada 24 horas, reveló.
Además, acusó que el gobierno del Estado de México sólo reconoció como feminicidios 140 de 535 asesinatos contra mujeres mexiquenses durante los últimos 23 meses, de ahí la necesidad de declarar la alerta de género en esa entidad, no como un señalamiento de tipo político contrario a la administración estatal, sino como base para emprender una nueva forma de coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno y la sociedad.
Abundó que de acuerdo al Estudio Mundial sobre el Homicidio 2013, realizado por la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la tasa de feminicidios en el mundo es de 2.7 por cada 100 mil mujeres, y en México supera casi por dos puntos esta cifra.
Al respecto, el legislador manifestó que estos hechos socavan el desarrollo de los países, genera inestabilidad en las sociedades e impide el progreso hacia la justicia social.
El legislador evocó que en días pasados el Senado de la República aprobó la modificación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de lograr una igualdad sustantiva en el ámbito laboral; es decir, las mismas oportunidades entre hombres y mujeres.
Asimismo, evitar la violencia laboral por cuestiones de género, sin embargo refirió que el país ha sido incapaz de garantizar el derecho a la vida de las mujeres, como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el reconocimiento del feminicidio se ha convertido en una serie de luchas sin ninguna victoria para los familiares de las víctimas.
El feminicidio es violencia extrema que acaba con la vida de las mujeres y es una deuda que el Estado tiene pendiente; No sirve avanzar en derechos políticos y ciudadanos si a las mujeres las siguen asesinando por su condición de género. Vivimos una tragedia, porque a pesar de que avanzamos en marcos normativos, no está impactando de manera positiva para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, exteriorizó el senador.
El Senador reprobó que en el Estado de México no se tenga información oficial ni confiable en relación a las cifras de feminicidios, pues este delito no se investiga en esa entidad, no se ordena una investigación y por ende no hay una alerta de género, pero sigue habiendo homicidios de mujeres.
“Es una contradicción que las autoridades del Sistema Nacional argumenten que la violencia sistémica no existe en el Estado de México porque la mitad de esos feminicidios ocurrieron en 10 de los 125 municipios de la entidad”, apuntó.
Según cifras oficiales, desde que se tipificó el delito del feminicidio en el Estado de México en marzo de 2011 a la fecha, se han cometido hasta 500 asesinatos de mujeres, pero sólo 133 han sido declarados feminicidios.
Si a esto le sumamos el dato que publicó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) hace algunos meses sobre que en México cada tres horas una mujer es asesinada, obtendremos una cifra aún mayor de las mexicanas que han sido víctimas de la violencia.
Los 10 municipios con más feminicidios son Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
El legislador coincidió con las declaraciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denunciando que mientras que los casos de violencia contra las mujeres en México van en aumento, no existen acciones a nivel federal que prevengan este tipo de agresiones.
De acuerdo con estimaciones a partir de las estadísticas de mortalidad del INEGI, en el 2012, el número de niñas de cero a 17 años fallecidas por presunto homicidio fue de 372, la cifra más alta de homicidios en los últimos 10 años.
En este marco, las niñas y las adolescentes son las más afectadas, dada su situación de vulnerabilidad por edad y género.
Las muertes son solo un eslabón de esta cadena de crimen que no se quiere evidenciar. Las mujeres se sienten desprotegidas por el Estado, por lo que es urgente activar un mecanismo que ponga fin a tantas muertes.
El gobierno anterior y el actual, ambos del PRI, se han negado a reconocer que exista un problema de feminicidios. Destapar esta alcantarilla implicaría un golpe político a ambos gobiernos, el estatal y el federal, finalizó Encinas Rodríguez.
