* Aun con la libertad de las personas detenidas en noviembre, es necesario conocer la versión de los titulares: Layda Sansores
* Acusaciones a 11 personas detenidas, resultan inverosímiles y fuera de lógica
México, DF., 06-dic-2014.- Los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) deben comparecer para dar cuenta de las detenciones “arbitrarias” que se han realizado en la Ciudad de México durante las manifestaciones del pasado 20 de noviembre y las subsecuentes, demandó la senadora Layda Sansores San Román.
En un punto de acuerdo, la senadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) recordó que a raíz de los sucesos en Ayotzinapa, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, se han realizado marchas en diversas partes del país, y en la Ciudad de México se han documentado detenciones arbitrarias de manifestantes, por parte de los elementos de seguridad.
Durante la manifestación del pasado 20 de noviembre, 11 personas fueron privadas de su libertad y, a decir de los detenidos, fueron golpeados y amenazados durante su traslado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) donde rindieron su declaración, para ser trasladados posteriormente a penales de máxima seguridad, recordó.
Sin embargo, un juez de distrito determinó que las acusaciones, formuladas por elementos de la Policía Federal y la PGR contra los 11 detenidos, resultan inverosímiles y no se ajustan a las reglas de la lógica básica, dijo.
La legisladora denunció que los teléfonos celulares de los detenidos fueron rastreados y sus cuentas de redes sociales revisadas, sin encontrar elemento alguno que los inculpara de la comisión de un delito.
Agregó que otro caso conocido es el de Sandino Bucio Dovalí, detenido por elementos de la Policía Federal el pasado 28 de noviembre, a quien le fue imputada la probable participación en agresiones a elementos de corporaciones de seguridad, así como en actividades de corte vandálico.
Explicó que Bucio Dovalí fue interceptado en las inmediaciones de la estación del metro Copilco y subido con violencia a un vehículo por policías vestidos de civil. Según sus declaraciones, lo amenazaron y golpearon durante el traslado a las instalaciones de la SEIDO. Posteriormente fue puesto en libertad.
Sansores San Román consideró que éstas constituyen actuaciones arbitrarias de la autoridad, por lo que impulsó el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.
