* También, sugieren tipificar hostigamiento y acoso sexual como faltas administrativas graves

Ciudad de México.- Para garantizar la integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de trata de personas, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo presentó un Punto de Acuerdo que solicita a las y los gobernadores del país que construyan refugios especializados de atención para quienes sufren o han padecido este delito.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) consideró indignante que el Estado no sólo haya fallado en atender oportunamente a todas las víctimas captadas por las redes de trata, sino que además incumpla con sus deberes mínimos para ayudarlas a escapar de este terrible fenómeno.

Luego de reconocer que sólo tres entidades federativas actúan conforme a la Ley contra este ilícito y han construido por lo menos un refugio en su territorio, subrayó que los gobiernos estatales deben atender a las víctimas por los daños sufridos, así como garantizarles seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, y vigilar la garantía de no repetición.

Para ello, puntualizó, los refugios, albergues y casas de medio camino son una herramienta clave para la rehabilitación y protección de quienes logran escapar de las horribles redes de trata.

Estos lugares pueden ser el primer contacto o la única alternativa para que las víctimas, que no cuentan con apoyo familiar, puedan salir de la red de explotación y tener la oportunidad de rehacer sus vidas.

De la Sierra Arámburo reiteró que ahí, las víctimas pueden encontrar una nueva vía de participación plena en la vida pública, social y privada. Los refugios, asentó, pueden definir si una sobreviviente logrará o no reintegrarse plenamente a la sociedad y mirar hacia el futuro con esperanza.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que alrededor de 2.4 millones de personas en el mundo son víctimas de trata, y que las ganancias que reporta este delito ascienden a 32 mil millones de dólares por año.

Sin embargo, las estimaciones más recientes sobre las tendencias generales del trabajo forzoso indican que el alcance del problema es mucho mayor, y llega hasta los 21 millones. En México, se identificó el mayor número de víctimas de este crimen en 2015, con cinco mil 175 casos.

La senadora aseveró que, si bien “la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, miles de individuos también son víctimas de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos”, entre otros ilícitos.

El Punto de Acuerdo fue turnado directamente a la Primera Comisión de la Permanente, para su análisis y dictamen correspondiente.

* También, sugieren tipificar hostigamiento y acoso sexual como faltas administrativas graves

El hostigamiento y acoso sexual no sólo se deben sancionar como delitos penales, sino que además se tienen que tipificar como faltas administrativas graves, pues aún existe una cultura muy enraizada en el sector público que fomenta la violación de los derechos de las mujeres, consideró la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) señaló que en 2019 sólo se denunció el 11 por ciento de estos delitos y, de ellos, únicamente en el 69.1 por ciento de los casos se inició una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, lo que arroja una cifra negra de 92.4 por ciento.

Durante ese año se incrementó el número de denuncias y carpetas de investigación, pero, aun así, acotó, se mantiene una cifra negra estratosférica.

Si en los ilícitos más claros y graves la gente opta por no denunciar ante el Ministerio Público, ¿qué puede esperarse en los delitos que se perpetran en la intimidad de una oficina pública?, es claro que en estos casos existen mayores elementos que disuaden la denuncia, advirtió Gálvez Ruiz.

La senadora enfatizó que los servidores públicos deben promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

En este contexto, presentó una Iniciativa para modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para tipificar el hostigamiento y acoso sexual como faltas administrativas graves.

Propuso que todos los órganos internos de control consideren la perspectiva de género para prevenir, atender y erradicar estas conductas en el sector público.

La Iniciativa que se turnó directamente a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, plantea que se podrá contar con acciones administrativas que sancionen el hostigamiento y acoso sexual.

Gálvez Ruíz reiteró que esta propuesta no riñe con la legislación penal, toda vez que dichas conductas pueden ser investigadas y sancionadas a través de ambas vías.