México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 21 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y elabora otras once, por el delito de usurpación de profesión, contra 32 servidores públicos que entregaron cédulas y títulos profesionales falsos.
Así, en lo que va de esta administración la SFP ha descubierto a un total de 58 servidores públicos que usaron documentación falsa para acreditar su calidad profesional.
La Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó dos denuncias penales por la misma causa, y en otros dos casos similares no procedió la presentación de la denuncia.
Investigaciones de SFP durante 2011 descubrieron que 36 servidores públicos presentaron documentación apócrifa al ingresar a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a la de Salud (SS), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto Nacional de Salud Pública, al Hospital Juárez de México y al Centro de Recursos Educativos Avanzados en Chiapas.
De las cédulas y títulos profesionales falsos detectados, 23 corresponden a personal de mandos medio y superior: una dirección general, dos direcciones generales adjuntas, ocho direcciones de área, cuatro subdirectores y ocho jefes de departamento. Otros ocho corresponden a personal de apoyo.
La SFP encontró a otros cinco servidores públicos de la STyPS en la misma situación. Sin embargo, al estar adscritos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la dependencia carece de facultades para sancionarlos. Por esa razón, dio vista a la JFCA para su trámite.
En lo administrativo, dos servidores públicos fueron inhabilitados por 10 años y destituidos, uno fue inhabilitado por 5 años y destituido, uno fue inhabilitado por 3 años, cuatro fueron inhabilitados por 2 años y destituidos, cinco fueron inhabilitados por 2 años; tres fueron inhabilitados por un año, diez recibieron una amonestación pública, en cuatro casos sigue abierto el proceso y en un caso más no ha sido posible notificar la sanción.
Este caso de los 36 servidores públicos se suma al que se dio a conocer en agosto de 2010, cuando la SFP presentó 22 denuncias penales ante la PGR por los mismos motivos.
