Se calcula que 4,3 millones de niñas correían el riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina

Más de 600.000 mujeres en la Unión Europea viven con las consecuencias de la mutilación MGF

A pesar de los esfuerzos que muchos Estados están llevando medidas para erradicar con la mutilación genital femenina, hoy en día hay millones de niñas en peligro de sufrir esta práctica dañina, ya que son llevadas por sus familias a otros países para someterlas a este crimen.

La lucha mundial para acabar con la mutilación genital femenina (MGF) se está viendo socavada por el desplazamiento de algunas niñas a través de las fronteras nacionales y más allá para someterlas se aa la ablación procedimiento, advirtió la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) en un nuevo informe publicado el viernes. 

Aunque muchos Estados han intensificado sus esfuerzos para erradicarla, la práctica continúa en todo el mundo, en parte debido a “la naturaleza clandestinaencubierta de la MGF transfronteriza y transnacional”.

“La mutilación genital femenina forma parte de un continuo de violencia de género y no tiene cabida en un universo que respete los derechos humanos (…) y los estereotipos de género y las normas patriarcales que la anclan y perpetúan deben ser arrancados de raíz”, ha declarado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Millones de niñas corren peligro

Se calcula que 4,3 millones de niñas correían el riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina en 2023, según el informe, que se basó en una investigación documental exhaustiva y en aportaciones de Estados y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.

Se cree que más de 600.000 mujeres en la Unión Europea viven con las consecuencias de la mutilaciónMGF, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “todos los procedimientos que implican la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, u otras lesiones de los órganos genitales femeninos por razones no médicas”.

Se practica principalmente a niñas entre la infancia y los 15 años.

“Esta práctica no tiene ningún beneficio para la salud de niñas y mujeres y provoca hemorragias graves y problemas para orinar, y más adelante quistes, infecciones, así como complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte neonatal”, añadió la OMS. 

Mutilación genital femenina en vacaciones 

Según ONU Derechos HumanosACNUDH, la denominada “ablación en vacaciones” consiste en que las familias, sobre todo en Europa y Norteamérica, llevan a sus hijas a sus países y comunidades de origen para someterlas a esta horrible prácticala MGF durante las vacaciones escolares.

En algunos casos, las niñas son llevadas a países que sirven de “centros transnacionales de MGF” de ablación. En otros, son los “cortadores” quienes se desplazan a través de las fronteras para llevar a cabo el dañino procedimiento.

El informe identificó movimientos transfronterizos y transnacionales con fines de mutilaciónMGF en todo el mundo. Punteando que las niñas y jóvenes que viven en comunidades fronterizas son especialmente vulnerables, ya que estas zonas suelen albergar comunidades con lazos culturales y étnicos que trascienden las fronteras nacionales.

Abordar las causas profundas

“Los Estados de todo el mundo han asumido compromisos en materia de derechos humanos para erradicar la práctica MGF y promover la igualdad de género”, afirmó Türk.

“Para cumplir realmente sus compromisos de acabar con esta práctica nociva en todo el mundo, los gobiernos deben garantizar un enfoque global conjunto que aborde sus

las causas profundas y las consecuencias de la MGF, entre otras cosas armonizando sus marcos jurídicos y políticos y garantizando su aplicación”. 

El informe reclama una mayor cooperación regional e internacional para su erradicación.

Entre las medidas sugeridas, se incluye la asignación de recursos adecuados para el establecimiento y la aplicación de marcos políticos regionales y acuerdos de cooperación para abordar la lacra transfronteriza y apoyar a las supervivientes.  

También se insta a los Estados a que garanticen la aplicación de medidas de prevención eficaces, diseñadas en consulta con las supervivientes y las organizaciones de la sociedad civil pertinentes, en colaboración con las comunidades afectadas y los líderes religiosos y tradicionales.