* Se generan muchas áreas de impunidad y víctimas alternas porque no hay un concepto definido de este delito
* Para la senadora Angélica de la Peña, las fronteras se han convertido en un problema que trae como consecuencia una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos

México, DF., 03-oct-2015.- La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, Adriana Dávila Fernández, señaló que en México sólo se pretenden dar o generar estadísticas sobre el problema de trata de personas, para poder plantear un “supuesto combate”, pero lo que se genera son muchas áreas de impunidad y víctimas alternas, justamente porque no hay un concepto definido.

Durante una reunión de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia de trata de personas, realizada en el Senado de la República el pasado 29 de septiembre, expresó que en México no existen protocolos uniformes respecto del combate y persecución de este delito, y lamentablemente en muchos de los casos “hay un falso combate, que ha provocado que tengamos víctimas alternas que lamentablemente no pueden tener una justicia restaurativa”.

Dávila Fernández aseguró que tampoco existen datos exactos del registro de víctimas que hay en México en materia de trata de personas, “lo que tenemos son números, las personas como tal, pareciera ser que no existen. Nos interesa un combate frontal por supuesto, pero que sea eficiente”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, advirtió que las fronteras del país se han convertido en un problema, que trae como consecuencia una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de personas nacionales y extranjeras, ya sean mujeres, niñas, niños, “es decir, ya estamos ante un problema que no va dirigido hacia un grupo específico de personas”.

México, indicó, tiene muchos años intentando crear una ley que pueda ser el marco jurídico para resolver estos graves problemas que han ido creciendo; sin embargo, reconoció que es una realidad que en el país es difícil resguardar los derechos de las víctimas y garantizar que todas las personas sean protegidas en sus derechos humanos, independientemente de su nacionalidad.

No podemos cerrar los ojos a esa situación denigrante contra ellas y ellos; tenemos que hacer lo que acordemos de manera unida, para encontrar una ruta que nos permita garantizar que a estas personas no se les sigan violando sus derechos humanos, puntualizó.

La senadora del PRI, Lucero Saldaña Pérez, integrante de la Comisión Contra la Trata de Personas, dijo que este problema debe atenderse desde una perspectiva plural, dejando de lado a los partidos políticos, a fin de que se establezcan leyes que permitan prevenirla, investigarla y reparar el daño de las víctimas.

Este tema se debe trabajar con absoluto respeto y evitar la doble victimización de las personas, para no exponerlas con sentido de “morbo y amarillismo” en los medios de comunicación, sino para hacer un trabajo de revisión de lo que hay y las modificaciones que se requieran.

Señaló que aún hay expectativa de que la Cámara de Diputados tenga apertura en la materia, a fin de realizar un trabajo conjunto, para que las lagunas no prevalezcan y se puedan especificar las diferencias entre trata, migración, prostitución forzada, y ejercicio de la prostitución.

El activista Cristóbal Sánchez dio a conocer que en la actualidad el flujo migratorio aproximadamente es de 800 mil personas al año, de las cuales 25 por ciento son mujeres; es decir, se habla de 200 mil mujeres y menores de edad que transitan por la frontera sur y que son sumamente vulnerables.

Calificó al sistema de impartición de justicia de “putrefacto”, donde las víctimas resultan ser las victimarias, ya que hay personas inculpadas por este delito, detenidas en su lugar de trabajo y acusadas sin pruebas.

El “engañoso” combate que persiste por parte del gobierno de Chiapas, para supuestamente erradicar la trata de personas, ha traído daños irremediables para muchas mujeres, que pasaron parte de su vida en prisión y muchas otras, permanecen en espera de ser alcanzadas por la justicia, señaló.

En el momento de presentación ante la autoridad, en todos los casos las inculpadas señalan que fueron obligadas a firmar papeles en blanco, les prohibieron leer las declaraciones y fueron forzadas a firmarlas bajo mentiras, la mayor parte de los culpados que tiene el estado de Chiapas, son supuestos traficantes y los que cometen el delito de trata de personas, son inocentes, concluyó.

Mónica Salazar, presidenta del Colectivo Contra la Trata de Personas, destacó que no todas las acciones que se han ejercido desde el DF han tenido consecuencias positivas, ya que muchas autoridades no están de acuerdo con la forma en la que se están desarrollando las actividades de combate a la trata de personas, debido a que en muchos de los casos se detiene a personas que no son víctimas, “aun cuando de entrada dicen: no soy víctima, me obligaron a denunciar a mis compañeros de trabajo”.

La experta en el tema, Fernanda Ezeta, subrayó que la ley no reconoce la diferencia entre prostitución forzada y voluntaria, sino que establece que todas son víctimas. En este sentido, dijo que es necesario que la legislación considere el consentimiento de una víctima adulta, de laborar en centros nocturnos, “los cuales no están reconocidos en ninguna legislación, ni regulados; simplemente el gobierno es omiso o tolerante”.

Al relatar su experiencia como víctima de trata de personas, Denia Elizabeth Santos dijo que a través de su narración busca ayudar a las personas, porque tenemos que ser una voz para ellas, “nosotros no vamos a parar hasta ver que esto sea realidad, que los verdaderos tratantes sí estén presos y las víctimas puedan salir, porque sí es muy doloroso estar en una situación de trata de personas”.