* La Ley requiere de reglas claras de acceso y que los organismos electorales tengan la capacidad y herramientas para prevenir, investigar, contener y sancionar las malas prácticas de manera integral
Cancún, Quintana Roo.- Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que para contar con un modelo de fiscalización fuerte se requiere dotar a las autoridades electorales de la capacidad para monitorear e investigar los diversos casos, establecer reglas y normas claras, y fijar sanciones altas para disuadir las malas prácticas por parte de los partidos políticos y los candidatos a diversos cargos de elección popular.
Al participar en el panel 2 “El financiamiento de campañas y la integridad electoral en México”, en el marco del Seminario Financiamiento de campañas y resultados electorales: desafíos actuales a la integridad electoral nacional y sub nacional en países federales, explicó que, para ser eficaz en el rubro de fiscalización, la ley requiere de reglas muy claras y que los organismos electorales tengan la capacidad y las herramientas para prevenir, investigar, contener y sancionar las malas prácticas de manera integral.
De la misma manera, en el entramado normativo se deben determinar sanciones altas, pero sobre todo que sean amenazas creíbles para disuadir las malas prácticas, “porque la franca aplicación de sanciones es esencial para inhibir y prevenir las conductas indeseables, porque puedes tener sanciones muy altas, pero si la interpretación las reduce o la autoridad administrativa no las hace efectivas, pues sí tenemos ahí un problema de sanción”.
Rodríguez Mondragón añadió que al fortalecer la labor de la autoridad administrativa en materia de fiscalización las instituciones deben contar con posibilidades reales para llevar a cabo un gran monitoreo y despliegue para aplicar la ley en toda esta cadena de investigación, que incluye la prevención, la contención y la sanción de las malas prácticas.
“Si la sociedad ve que sí hay un costo de incumplir con las obligaciones de fiscalización o de incumplir con el uso lícito del dinero, luego entonces puede tener sentido para la ciudadanía, también dar una sanción social, porque si no hay sanción institucional, ¿qué respalda a la sanción social?”, cuestionó el magistrado del TEPJF.
Para los estándares de integridad electoral “sabemos que no es suficiente tener instituciones, procesos y reglas, sino que también los actores políticos deben respetar los valores democráticos, comportarse conforme a los principios constitucionales y aplicar, digamos, estas dimensiones morales, políticas, sociales de la integridad electoral en lo que es su conducta”, puntualizó.
En el panel participaron Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE); Fernando Martínez i Coma, catedrático de la Universidad de Griffith, Australia, y Gabino Solano Ramírez, coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Guerrero.
