* Solicita a las autoridades de Tamaulipas su esclarecimiento para evitar impunidad

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su indignación por el homicidio de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, y solicita a las autoridades de esa entidad la investigación profesional, pronta y exhaustiva del caso, para dar con los responsables y que respondan ante la justicia a fin de evitar la impunidad.

Este organismo nacional subraya, una vez más, el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores están en situación de riesgo.

Estamos frente a un crimen que confirma esta preocupación de la CNDH. Se trata de la muerte de una defensora que decidió y tuvo el valor de romper el silencio ante la desaparición y muerte de su hija, que dedicó sus esfuerzos a localizar sus restos y que tuvo la valentía de identificar a los responsables. Este hecho condenable ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México.

La CNDH enfatiza que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones a los defensores de derechos humanos, que sólo así estarán en posibilidad de cumplir con su tarea de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas.

De acuerdo con la Recomendación General 25 Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, emitida por la CNDH, es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia.

Lo anterior, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de esos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo.

También, se pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegar campañas a favor de las y los defensores de Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización, sin que a la fecha estas se hayan dado.

La CNDH está solicitando medidas cautelares en favor de la familia y de integrantes del colectivo que representaba. Este organismo se mantendrá atenta a la evolución de los acontecimientos.