* Complejos casos de desaparición, por causa del crimen organizado
* Responsable por acción u omisión, el gobierno en tema de desaparición
Oaxaca, Oax., 20-nov-2014.- La desaparición forzada todavía es una práctica recurrente en el país, agravada por la impunidad que impera en esos casos, pese a las recomendaciones y sentencias que el Estado mexicano ha recibido por parte de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseveró la defensora de derechos humanos, Yesica Sánchez Maya.
Luego de participar en la presentación del libro “No me rendí y no me rindo” de Josefina Martínez Rojas, en el auditorio de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que el gobierno mexicano tiene poca política pública y presupuesto para atender los casos de desaparición forzada.
La integrante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario agregó que la desaparición forzada es una práctica compleja en México, pues no es ejercida únicamente por agentes del Estado, sino también por agentes no oficiales, pero bajo la permisividad de las estructuras de gobierno.
Respecto al tema de las desapariciones forzadas, subrayó la responsabilidad que tiene el Estado mexicano, pues pareciera que éste quisiera deslindarse de su compromiso argumentando que muchas de ellas no fueron cometidas por agentes oficiales, sino por otros actores, como integrantes del crimen organizado.
Sánchez Maya puntualizó en entrevista que hay que tener claridad respecto a la responsabilidad del Estado en el tema de las desapariciones forzadas, sin importar el origen, pues aunque no fuese cometida por agentes gubernamentales, éstos siguen teniendo responsabilidad por acción u omisión.
Respecto al caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, comentó que para este caso el Estado mexicano tiene que realizar una investigación bajo la premisa de una búsqueda con vida, pues desde que se suscitaron los hechos el gobierno ha optado por la versión de que están muertos, lo que ha provocado pérdidas de tiempo y que se vicien las indagatorias.
El caso de los normalistas –enfatizó– ha evidenciado la falta de claridad y conocimiento del gobierno mexicano para enfrentar los casos de desaparición forzada, pues con el manejo que le ha dado al asunto pareciera que lo que busca es darle carpetazo y cerrarlo.
Sánchez Maya consideró que esa actitud gubernamental hace importante que la sociedad tome una postura vigilante respecto a los resultados que brindará el Estado mexicano en este problema, pues su resolución será fundamental para el respeto de los derechos humanos de las víctimas, pero también una forma de garantizar los de la ciudadanía en general.
