México, DF., 02-feb-2015.- El Estado mexicano se ha presentado ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas con un mea culpa, muchas buenas intenciones y ninguna acción concreta y contundente, y lo hace así porque continúa sin reconocer que la desaparición forzada es una tragedia que impide la recomposición del tejido social y evidencia las fallas estructurales de sus instituciones, acusó la senadora Angélica de la Peña Gómez.
Desde el comienzo de la actual Legislatura hemos repetido en múltiples ocasiones que no habrá avances significativos en el combate, sanción y erradicación del delito de desaparición forzada, explicó la legisladora del PRD, mientras México no cumpla su obligación de una tipificación que cumpla con estándares internacionales y reconozca la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas.
“Las instituciones del Estado mexicano no tienen un verdadero compromiso con la verdad, la justicia, las garantías de no repetición y reparación del daño, por lo que no existen políticas públicas que atiendan con prontitud y eficacia las denuncias por este delito y las consecuencias son la impunidad y la revictimización”.
La senadora del PRD coincidió con los planteamientos hechos por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis González Pérez, ante el mismo Comité de Naciones Unidas, en el sentido urgente de sistematizar la búsqueda y registro de fosas clandestinas; identificación de personas; la creación de un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y un Sistema Nacional de Información Genética; dar con el paradero de los desaparecidos y establecer protocolos de búsqueda de desaparecidos.
De la Peña Gómez recordó que en el Senado de la República se ha exhortado reiteradamente al titular del Ejecutivo para que envíe el reconocimiento de la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales sin una respuesta positiva.
“En comisiones legislativas se encuentran diversas iniciativas para tipificar este delito, entre ellas, la que presenté para expedir una Ley General contra Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, sin embargo, ha faltado voluntad política para avanzar en su dictaminación y aprobación”, agregó.
La iniciativa que presentó la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado incluye la tipificación del delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición, así como la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales.
“Insisto, el gobierno federal no quiere reconocer la gravedad que conlleva este delito y pretende que con buenas intenciones no recordemos que son más de 20 mil personas desaparecidas, número que aumenta cada mes; que la Procuraduría General de la República (PGR) se tardó diez años en iniciar investigaciones derivadas de denuncias por desaparición forzada, de 2003 a 2013; que la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la PGR ha localizado solamente a 102 personas y este 2015 contará únicamente con 14 millones 676 mil 268 pesos, es decir, 63.5 por ciento menos que el año pasado”.
Coadyuvar a la recomposición del tejido social exige que el Estado mexicano, con todas sus instituciones, incluido el Poder Legislativo, reconozca que el delito de desaparición forzada existe y se tiene una deuda con sus víctimas, porque hasta ahora no les ha tratado con la dignidad que merecen y exigen, finalizó de la Peña Gómez.
