*Aún cuando habían quitado la vida al menor, cobraron al menos 268 mil pesos a la familia
Oaxaca, Oax.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejecutó la orden de aprehensión en contra de Bernardino Ríos Zárate (a) “El Nayo” o “Güero”, Bernabé Ogarrio y/o Bernabé Ogarrio Martínez (a) “Berna”, Jorge Luis Hernández Pinacho, Alejandrino Santos Ramírez y Lourdes Pinacho Córdova por el delito de secuestro agravado y homicidio en agravio de un menor de edad.
El 28 de mayo del 2014, alrededor de las 14:30 horas, fue secuestrado un menor de edad, antes de llegar a su domicilio ubicado en Santo Tomás Tamazulapam, Miahuatlán de Porfirio Díaz, iniciándose la averiguación previa 753(SADAI)2014, en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, perteneciente a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Alto Impacto (SADAI).
Mediante investigaciones realizadas por el grupo especializado integrado por elementos de la Agencia del Ministerio Público, Peritos y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se estableció que el menor fue interceptado por “El Nayo” o “Güero” y “Berna”, quienes lo trasladaron a bordo de un vehículo marca Volkswagen tipo polo, color blanco, a una casa de seguridad.
Las investigaciones de esta corporación llevaron a establecer que fue precisamente en la casa de la madre de Ríos Zárate, ubicada en la población de Sitio del Palmar, San Luis Amatlán, Miahuatlán, en donde mantuvieron al menor privado de su libertad, mientras exigían la cantidad de dos millones de pesos por su libertad.
De acuerdo con la investigación, Hernández Pinacho fue designado para vigilar y recabar información del padre de la víctima, antes y durante el secuestro, y posteriormente, al ver que no avanzaban sus pretensiones, privaron de la vida al menor de edad, y tiraron el cuerpo sin vida al Río Seco, que se encuentra por la barranca de San Juan, perteneciente a Río Seco, Zoquitlán, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.
* Aún ya sin víctima, delincuentes siguieron cobrando cantidades importantes de dinero.
El martes 3 de junio del 2014, los afectados pagaron la cantidad de 140 mil pesos, así como entregaron un anillo y una esclava de oro, un teléfono Sony Xperia Z1, color negro con carcasa; cuyo dinero y objetos fueron entregados en el camino de terracería que conduce a San Juan Lachigalla.
El 10 de junio pasado, la familia pagó otra cantidad por 128 mil pesos y un teléfono celular marca Alcatel modelo one touch, pago realizado por la carretera que conduce a San Agustín Amatengo.
El trabajo de investigación avanzaba y el vehículo utilizado para la comisión del delito fue ubicado al fondo de una barranca de unos 200 metros en un lugar cercano al domicilio de la casa que utilizaban como de seguridad; todo lo anterior se estableció mediante la investigación realizada por la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de SADAI, y a partir de la cual se acreditó fehacientemente la forma en que participaron los indiciados.
Ante los hechos, la PGJE solicitó a la autoridad judicial la correspondiente orden de aprehensión en contra de los indiciados de referencia, la cual una vez librada por la autoridad mencionada, fue ejecutada este lunes 25 de agosto.
Dicho mandamiento judicial se dio dentro del expediente penal número 42/2014, quedando los indiciados a disposición de la autoridad que los requería como probables responsables de la comisión del delito de secuestro y homicidio en agravio del menor de edad.
De esta manera, la PGJE refrenda su compromiso ante la sociedad oaxaqueña para que este tipo de ilícitos que laceran a la sociedad no queden impunes, siempre que se cuente con la denuncia correspondiente y oportuna, esta institución agotará los recursos disponibles para frenar el ilícito.
De ahí el exhorto a la sociedad en general para que en caso de sufrir algún delito, lo haga del conocimiento de la Autoridad Ministerial, y de igual manera si al observar la fotografías de los indiciados los reconoce como responsables de la comisión de alguna conducta delictiva, lo denuncie de manera inmediata para frenar el actuar de estas bandas delictivas y llevarlas ante la autoridad judicial.