Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
El conflicto generado por la imposición de la reformas estructurales, particularmente la Educativa, siguen escalando hacia la violencia, porque no se ve una solución pacífica a corto plazo y todo se dirige a una salida de fuerza, ante las posturas asumidas tanto por el gobierno federal como por la CNTE, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, así como en la Ciudad de México, donde han determinado no iniciar el ciclo escolar 2016-2017 y continuar con los bloqueos carreteros.
En la ciudad de Oaxaca, de nueva cuenta helicópteros de la Marina-Armada de México realizan sobrevuelos; a la vez que arriban aviones de las fuerzas federales, que traen consigo cientos de elementos. Al mismo tiempo se informa que llegan portando armas de asalto, lo que sin lugar a dudas forma parte de todo un plan para contener las protestas magisteriales.
Asimismo, se “filtra” a los medios de información el lugar donde estudian los hijos de la maestra Angélica García Pérez, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que representa exponer a los menores al riesgo de sufrir un atentado, dado el ambiente de linchamiento mediático al que se expone a los dirigentes magisteriales.
Esta estrategia ya fue implementada tiempo a tras, sin duda por los gobiernos estatales y federales. Ya que el año pasado, a principios del mes de octubre, se dieron a conocer las escuelas en las que estudiaban los hijos de los secretarios General, Rubén Núñez Ginez; de Organización, Francisco Villalobos y de Finanzas de la Sección 22 del SNTE; Aciel Sibaja.
Estos cuadros dirigentes de la Sección 22 del SNTE fueron detenidos a mediados de abril de este año, Aciel Sibaja. En tanto que Rubén Núñez y Francisco Villalobos, fueron aprehendidos el sábado 11 y domingo 12 de junio pasado. En tanto que José Elías Sánchez, secretario de Asuntos Generales y Carmen López, integrante de la Comisión Política, si bien no fueron detenidos, trascendió que cuentan con órdenes de aprehensión.
Llama la atención que desde el año pasado los datos de los hijos de estos líderes de la Sección 22 se hayan difundido en diversos medios de información, aportando en algunos casos, el nombre de las escuelas donde acudían a realizar sus estudios, el monto de las colegiaturas, así como el ingreso de los mentores, falsos o verdaderos fueron difundidos.
La simultaneidad de la publicación en tan diversos medios de información, sólo hace pensar que las oficinas de prensa de los gobiernos del estado de Oaxaca y el federal, tuvieron algo que ver tanto en la investigación, como en su difusión.
Además, forman parte de una campaña mediática dirigida a desprestigiar a estas personas, para exponerlas al escarnio y a la condena pública, para encarcelarlas como sucedió con los líderes que fueron apresados meses después y los que tuvieron o tienen que andar huyendo.
Es decir que estamos ante una acción de persecución política que pretende acallar a los disidentes, lo que no se puede permitir lo propicien dependencias que emanan, se supone de un gobierno que se sustenta en el Estado de Derecho, por lo que las autoridades deben investigar de dónde surgen estás campañas, cómo son patrocinadas, ya sea directa o indirectamente.
Asunto que también debe ser investigado por los organismos defensores de los derechos humanos, al exponer a los hijos de los dirigentes, en este caso de la Sección 22, a actos de violencia para intimidar a los padres.
Ello no quiere decir que los bloqueos carreteros se sustenten en respetar a los derechos humanos al libre tránsito y al trabajo; que se justifique el cierre de escuela; que se violente el derecho a la educación del Pueblo de Oaxaca, por satisfacer las demandas legítimas de los trabajadores de la educación.
Por el contrario, los trabajadores de la educación aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y en la Sección 22 del SNTE, deben reconsiderar sus formas de protesta, que insistimos, los aleja de los intereses populares, con los bloqueos carreteros y el cierre de escuelas.
Acciones que de ningún modo justifican que desde el poder se aliente la violencia, tanto por omisión, como por su incapacidad de encontrar una salida sustentada en el diálogo que concilie los intereses de los profesores como trabajadores de la educación y la necesidad de una educación de calidad, que no necesariamente es la que trata de imponer el gobierno a través de la Reforma Educativa.
@MiguelAschulz
