* Casos de INEGI y Capufe aportan lecciones que vale la pena tomar en cuenta para emprender un proceso de esta naturaleza
* La protección de los derechos laborales de los trabajadores y la comunicación institucional, elementos clave del proceso de planeación

Ciudad de México.- La desconcentración administrativa de las dependencias del Gobierno Federal puede incrementar la eficiencia de la acción pública, a partir de la adopción de medidas que potencien el uso de recursos y esfuerzos, sin embargo, transitar hacia un modelo de gobierno desconcentrado requiere desarrollar un plan de ejecución minucioso que permita atender los desafíos de implementación que puedan presentarse, señala un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

La investigación titulada “Desconcentración administrativa: desafíos de implementación”, analiza la reubicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a Aguascalientes y la de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a Morelos, en la década de los ochentas como consecuencia del sismo de 1985, destacando que ambos casos han generado evidencia en México, a partir de la cual, es posible reflexionar más detenidamente sobre las implicaciones de la desconcentración.

En el caso del INEGI, señala el documento del IBD, se llevó a cabo una encuesta entre los trabajadores para conocer su disponibilidad para cambiar de residencia, así como para obtener información sobre la composición de sus hogares.

Asimismo, se realizaron distintas acciones de planeación para la ejecución de esta decisión, incluyendo la firma del convenio entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal e INEGI, en donde se establecían los compromisos que cada parte asumiría para llevar a cabo esta reubicación, Además, se elaboró un plan de construcción de dos mil viviendas en fraccionamientos asignados por la administración estatal.

En cuanto a Capufe, cuyas oficinas en la capital también resultaron severamente dañadas por el terremoto de 1985, tanto la dirigencia sindical como las autoridades comenzaron a negociar y a consensuar el sitio de traslado y la zona de viviendas para los trabajadores.

Para lograr convencerlos, se adoptaron medidas como: 1) conceder liquidaciones extraordinarias a quienes rechazaran trasladarse a Cuernavaca; 2) contemplar la contratación de las parejas de los trabajadores y aumentar el ingreso familiar; y 3) apoyar con recursos extraordinarios para la adquisición de viviendas y la inscripción de los hijos en las escuelas.

Del análisis de las experiencias del INEGI y de Capufe, sostiene el IBD, se desprende que transitar hacia un modelo de gobierno desconcentrado requiere desarrollar un plan de ejecución minucioso que permita atender los desafíos que puedan presentarse.

Dicha planeación, requiere contemplar al menos cuatro aspectos: 1) las necesidades de la institución y de la comunidad en la que se reubicará, 2) la incorporación de todos los actores que se consideren clave para la ejecución de un proceso de esta naturaleza, 3) la protección de los derechos laborales de los trabajadores de las organizaciones públicas y 4) la comunicación institucional, explica el IBD.

El estudio completo puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4148