Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El desplazamiento forzado interno erosiona el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como su impacto es persistente en las víctimas hasta que se les brinda una solución duradera, señaló Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En su videocolumna “Puntos Cardinales”, transmitida este domingo 22 de agosto a través de redes sociales, el ombudsperson realizó un análisis sobre este fenómeno reconocido formalmente por el Estado mexicano apenas en 2019.
Y ante ello, se pronunció porque los tres niveles de Gobierno diseñen e implementen políticas públicas coordinadas de prevención y atención integral del desplazamiento forzado interno, que permita atender los estándares y compromisos internacionales.
En este sentido, resaltó la necesidad de crear un padrón de personas en situación de desplazamiento forzado interno que permita dimensionar el problema, pues en la entidad este fenómeno ha tenido lugar desde hacer varios años, sin embargo, Oaxaca carece de estadística y cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas lo que hace complejo atenderlas.
Rodríguez Alamilla detalló y ejemplificó que en nuestra entidad el fenómeno tiene causas diversas como los desastres naturales, conflictos agrarios, conflictos sociales, distribución de recursos económicos, problemas intercomunitarios y decisiones de asambleas por temas religiosos, entre otros.
El desplazamiento forzado interno pone en riesgo el derecho a la vida, integridad y a la seguridad personal, así como el derecho a la dignidad, la verdad, la justicia, la libre circulación, la convivencia y a la paz de las víctimas, quienes necesitan una atención que responda a las características específicas de su situación, agregó.
Apuntó que se requiere un marco normativo general que establezca la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles de Gobierno, razón por la cual es necesaria la creación de una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno que responda a los estándares internacionales a los que México se ha comprometido.
De igual forma, el Estado debe contar con un fondo emergente para atender a víctimas de desplazamiento forzado con el objetivo de garantizarles derechos como seguridad, salud, higiene, alimentos, agua potable, alojamiento, vestido, servicios médicos y de saneamiento, por ello es fundamental contar con un padrón que ayude a brindarle atención a las víctimas.
Reiteró que se necesitan mecanismos legales e institucionales que brinden una atención inmediata, humanitaria y bajo enfoque de derechos humanos a las personas desplazadas internamente, pero especialmente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad como lo son niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y con hijos pequeños, así como personas adultas mayores.
Además de protocolos que atiendan las necesidades de personas desplazadas cuando salen de sus comunidades, durante su traslado y permanencia en otros sitios, así como en el propio retorno.
Rodríguez Alamilla puntualizó que el Estado, al contar con una ley específica podrá generar política pública que permita prevenir este fenómeno, así como atender a las víctimas proporcionándoles asistencia humanitaria, respeto y protección de sus derechos y la implementación de soluciones duraderas a los conflictos que generan el desplazamiento.
La videocolumna “Puntos Cardinales” es un espacio de reflexión y análisis en materia de derechos humanos, a través de la cual se abre la conversación sobre temas de interés colectivo, que se transmite cada domingo a través de las redes sociales del ombudsperson oaxaqueño y de la propia Defensoría.
