Oaxaca.- El indígena zapoteca Mario Ambrosio Martínez, acusado de haber participado en el ataque armado a la base militar de la Secretaría Armada de Marina en Santa Cruz Huatulco en 1996, fue puesto en libertad, a través de un amparo contra la sentencia de haber participado en el operativo del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Lo anterior lo informó Juan López Maldonado dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas (OPIZ), al tiempo que manifestó que la situación de todos los indígenas presos a raíz de ese acontecimiento sigue siendo complicada, al no existir voluntad de los gobiernos estatal y federal para encontrar los mecanismos que den justicia a los presos políticos de Loxicha.
Dijo que el gobierno de Gabino Cué, que se dice del cambio no se ha visto tales cambios por el contario, sí una falta de respeto a los acuerdos a los que se han llegado con la OPIZ, porque lo que se habla y se firma es letra muerta para el gobierno del estado.
Hasta el momento dijo, siguen presos ocho indígenas por delitos federales y nueve del fuero común, quienes en el caso del fuero federal enfrentan sentencias de 23 hasta 31 años de prisión, pero legalmente se está ante la posibilidad de interponer amparos ante estas condenas que representan una aberración, puntualizó López Maldonado.
De los delitos que se les acusa son: homicidio calificado, terrorismo, privación ilegal de la libertad, conspiración, robo, lesiones calificadas, al considerarlos participes del ataque armado que realizó el EPR el 29 de agosto de 1996 a las instalaciones de la Armada de México en Huatulco, por lo que llevan 15 años en injustamente en prisión.
En el caso Mario Ambrosio Martínez, este salió de prisión el sábado 18 de junio.
Hizo énfasis que los casos más notables son los del entonces presidente municipal y sindico de Loxicha, que a pesar de haber estado presidiendo ese mismo día las festividades de su pueblo los consideran participes en el ataque armados.
Explicó López Maldonado que el 25 de abril del presente año se llegaron a acuerdos con representantes del gobierno de Gabino Cué, para buscar los mecanismos de hacer justicia a los indígenas presos injustamente y que alcanzarán su libertad, pero dichos acuerdos no se cumplieron.
Señaló particularmente a la comisionada de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, de ser indiferente ante los compromisos acordados con la OPIZ.