* Urge atender también pobreza, alimentación, vivienda, educación, salud y justicia para que las personas indígenas accedan a una vida digna
* Presentan Informe de la Visita a México de Victoria Tauli-Corpuz, relatora Especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas
Ciudad de México.- Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacó la gravedad de la discriminación por origen étnico en México, ya que el 65 por ciento de la población mayor de 18 años considera que poco o nada se respetan los derechos de las personas indígenas.
Durante la Presentación del Informe de la Visita a México de Victoria Tauli-Corpuz, relatora Especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, agregó que los integrantes de esos pueblos y comunidades son discriminados y están en desventaja con el resto de la población para gozar de igualdad de oportunidades.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2016, 8.3 millones de personas indígenas estaban en situación de pobreza, y la brecha entre ser indígena y no serlo es enorme, pues hay 3.2 millones de ellas que viven con tres o más carencias sociales y sin la capacidad económica para adquirir la canasta básica, lo que las ubica en pobreza extrema, por lo cual el objetivo constitucional de igualar las oportunidades es aún un reto pendiente.
La carencia social de mayor presencia es la seguridad social, ya que hasta 2016 un total de 8.9 millones de personas indígenas no tenían acceso a ella, seguida por la falta de servicios.
En la población indígena el rezago educativo es de 31.6 por ciento, el 15.6 por ciento de esa población no tiene acceso a los servicios de salud, el 77.6 por ciento carece de seguridad social, el 56.3 por ciento carece de servicios básicos y 30.5 por ciento de no población indígena no tiene acceso a la alimentación.
Ante Tauli-Corpuz, aseguró que las niñas, niños y adolescentes indígenas sufren porcentajes de pobreza cercanos al 80 por ciento, ya que la planeación de programas gubernamentales orientados al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas se diseña bajo criterios demográficos, lo que provoca que los grupos minoritarios, principalmente de Aridoamérica, nunca resulten favorecidos por los mismos.
“Es necesario hacer patente, dijo, que los derechos de los pueblos indígenas minoritarios y mayoritarios son los mismos, ya que éstos, así como los derechos específicos de los individuos, comunidades y pueblos indígenas no se obtienen por la magnitud demográfica, sin por ser personas integrantes o descendientes de esos pueblos”.
Refirió que el más reciente reporte de la relatora Especial señala violaciones en todos los ámbitos de los derechos humanos cometidas contra pueblos y comunidades indígenas, entre ellas a los derechos individuales, a los sociales, a la tierra y territorios, a no ser desplazados de sus tierras y territorios, a la procuración y acceso a la justicia, a los derechos de grupos de atención prioritaria, en especial de las mujeres indígenas y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Por ello, aseguró, sus recomendaciones a México resultan muy pertinentes.
Enunció que, de acuerdo con datos reportados por distintas instituciones gubernamentales, la lista mínima de urgente atención la componen pobreza, alimentación, vivienda, educación, salud, justicia y discriminación, carencias que han impedido que los pueblos indígenas mexicanos accedan a una vida digna, sin carencias y con pertinencia cultural. Se trata de metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que la nación se ha comprometido a cumplir.
González Pérez urgió a los gobiernos federal y estatales a elaborar e implementar políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos de esa Agenda, con respeto a la pertinencia cultural y promoviendo los valores culturales de esos pueblos como fuente de identidad.
Apuntó que esas políticas, además de combatir pobreza y desigualdades, deben establecer mejor acceso a la justicia y combatir, por todos los medios, el racismo y la discriminación presentes en la población mexicana y en algunas actitudes de personas servidoras públicas.
El ombudsperson se pronunció por atender las demandas de esos pueblos y comunidades para que accedan a la ciencia y tecnologías modernas, a ser parte del progreso de la nación sin perder su cultura, identidad y formas específicas de relación, organización social y relación con la naturaleza, y atender a quienes son víctimas de la globalización, del desplazamiento forzado interno, del despojo de tierras o falta de acceso a los servicios más básicos, y propuso que para lograr los objetivos de la Agenda 2030 se procure la perspectiva de género.
En el auditorio “Divino Narciso” de la Universidad del Claustro de Sor Juana, González Pérez compartió también el presídium con Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acto al que acudieron representantes de pueblos y comunidades indígenas e integrantes de la sociedad civil.
