Lizette Mendoza Alavéz

La violencia armada que existe en la región Triqui no es competencia del gobierno del estado de Oaxaca, sino del gobierno federal, así como terminar con el virtual estado de sitio impuesto en San Juan Copala por un grupo armado, declaró la procuradora General de Justica del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, al tiempo de reconocer que en esa zona existe tráfico de armas.

Sin embargo, sostuvo que la investigación de estos ilícitos compete a las autoridades federales.

Desde hace más de dos meses el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), ha exigido la intervención de las autoridades estatales y federales para que termine la escalada de violencia que ha costado la vida de varias personas integrantes de su organización y del llamado municipio autónomo de San Juan Copala; por ese motivo han permanecido en plantón a las afueras del Museo del Palacio de esta ciudad capital e incluso se declararon en huelga de hambre.

Al término de la ceremonia de izamiento de la Bandera en la Alameda de León, Candelaria Chiñas sostuvo que la situación que se vive en esta comunidad de la región Mixteca es delicada, debido al uso de armas de fuego de alto poder.

A la pregunta de cuál sería la forma de actuar de la Procuraduría ante el estado de sitio que vive la población, según denuncia del municipio autónomo, sin dar más detalles explicó que este tema no es competencia del estado, ya que es el gobierno federal quien debe actuar y no el gobierno estatal.

Por otra parte, en lo que respecta al conflicto limítrofe que se vive entre las poblaciones de Chalcatongo de Hidalgo y Santo domingo Ixcatlán, refirió que aún se encuentran viviendo estas poblaciones en una tensa calma.

“La situación es tensa, sin embargo mantenemos elementos policiacos en cierto radio de acción. Como procuradora estoy realizando las averiguaciones previas necesarias pero esto no es suficiente, si no existe voluntad de las partes para acabar con este conflicto”, aseguró; motivo por el cual convocó a esas comunidades para que lleguen a acuerdos en beneficio de ambas.

“Los pobladores del lugar deben ceder a sus orgullos históricos y complejos para poder llegar a una pacificación”, apuntó.

Aseguró que se cuenta con la presencia policíaca para evitar cualquier enfrentamiento violento y en este sentido explicó que “la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no es un ente preventivo, sino de acción”, por lo que urgió un programa de prevención ante cualquier conato de violencia.

Por último, Candelaria Chiñas dijo que a pocos meses de concluir la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la dependencia a su cargo no tiene pendientes precisos, ya que las averiguaciones tienen otro tratamiento y hay casos muy difíciles: “Solo dejaremos como pendientes las averiguaciones de rigor, es decir las que se vayan dando a la par con el termino de esta administración”, finalizó.