Oaxaca, Oax.- Angélica o Ángeles Cruz Aragón, trabajadora de SEDAF, y Uriel Santaella, comerciante de la Central de Abasto, fueron sorprendidos en flagrancia en plena Ciudad Administrativa, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración, cuando cerraban una fraudulenta venta de plazas del Gobierno del Estado con siete personas, cada una de las cuales vendían a 130 mil pesos.

Alguna de estas personas ya habían adelantado de 50 mil a 100 mil pesos, aunque lo delicado de este asunto, es que se presume, por versión de los mismos afectados, que la lista asciende a unos 30 defraudados, de acuerdo con un comunicado del sindicato de burócratas.

Todo inició cuando las personas defraudadas acudieron a Ciudad Administrativa, para hacer entrega del último pago por la venta de la plaza, que estaba respaldada por documentos oficiales sellados y firmados supuestamente por el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, José Juan Pérez Maya y por el secretario del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STPEIDCEO), Juan Rafael Rosas Herrera.

Ante la duda de que todo estuviera en regla, algunos afectados decidieron llamar a las oficinas del STPEIDCEO, lo cual alertó al Comité sindical que de inmediato se coordinó con funcionarios de la Secretaría de Administración, para solicitar apoyo policiaco para denunciar y detener a los presuntos defraudadores.

Con esta acción se desenmascaró a Cruz Aragón y Uriel Santaella ante sus víctimas. Éste último aceptó ante el subdirector de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, haber recibido dinero por parte de los afectados, ante lo cual, solicitó tiempo para vender la caseta de su propiedad que tiene en la Central de Abasto para negociar con los afectados la devolución de su dinero.

Por su parte, la trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal (Sedaf) fue afectada por un ataque de ansiedad al sentirse acorralada por sus víctimas que exigen se aplique todo el peso de la ley contra los presuntos defraudadores.

Ante ello, también acudieron ante las autoridades de la Procuraduría Pérez Maya y Rosas Herrera para denunciar la falsificación de documentos, sellos y firmas.

Los presuntos defraudadores quedaron a disposición de las autoridades judiciales que definirán su situación jurídica.

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a los demás defraudados para que acudan ante las autoridades a denunciar el fraude del que fueron víctimas.