* El impacto del Huracán “Otis” en Acapulco en 2023 es un ejemplo de los efectos del cambio climático en México: Laura Ballesteros

* México se encuentra con altos riesgos de sequía y se ubica entre los primeros países con índices de estrés hídrico: Braulio López

Ciudad de México.- Senadores, diputados, personas especialistas, ambientalistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil dialogaron sobre la necesidad de construir una nueva Ley General de Aguas que considere el derecho humano al agua, así como de acciones para hacer frente a la crisis hídrica en el país, durante la segunda parte del Parlamento Climático.

En su exposición inicial, la senadora Laura Ballesteros expuso que el impacto del Huracán “Otis” en Acapulco el año pasado es un ejemplo de los efectos del cambio climático en México, por lo que es urgente no solo construir resiliencia, sino también hacer una importante inversión de recursos para estar preparados ante fenómenos similares que ocurran en el futuro.

“Tenemos que poner los recursos donde están los discursos y porque hoy ya tenemos crisis climática en el país. Ya no nada más se trata de construir resiliencia, ya no nada más se trata de generar mecanismos que nos permitan estar mejor preparados, hoy tenemos que entrarle ya directamente a la adaptación, a la mitigación, pero también al manejo y a la gestión de las emergencias porque ya están sucediendo estas crisis y el financiamiento por eso tiene que ser muy ambicioso”, señaló Ballesteros durante el evento realizado este lunes en la Cámara de Diputados.

“Hemos planteado cifras que rondan alrededor de los 90 mil millones de pesos. Estamos planteando también que el Fonden pueda ir al siguiente nivel, no se trata nada más de revivir el Fonden, se trata que el Fonden vaya al futuro y vea el futuro y que sea una parte de un gran fondo para la emergencia climática del país y que el trabajo para las emergencias sea una de las ramas, pero no la única y sí la construcción de resiliencia, la adaptación y la mitigación”, agregó.

A su vez, el diputado Braulio López expuso que México se encuentra con altos riesgos de sequía y se ubica entre los primeros países con índices de estrés hídrico.

En ese sentido, refirió que para finales de enero de este año aproximadamente el 60 por ciento del país se reportó en sequía. Agregó que a la fecha se diagnostica que 101 de los 653 acuíferos que hay en territorio nacional están sobreexplotados.

“El escenario hídrico del país se ilustra de forma grave, dejar de pasar desapercibida la crisis que nos sumerge en condenar a las generaciones presentes y futuras a su porvenir. No podemos detener más la discusión sobre las posibles soluciones, pero sobre todo de generar un consenso de gobernanza hídrica que logre sentar a todos los actores relacionados con el uso del agua”, comentó.

El legislador federal dijo que la nueva Ley General de Aguas debe conciliar entre los sectores, fortalecer la estructura institucional y proteger los ecosistemas hídricos y relacionados, pero también debe trazar una ruta estratégica de la política hídrica a mediano y largo plazo con sustentabilidad financiera y de atención a la infraestructura hídrica, y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento conforme a los principios de calidad, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad.

En su participación, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra León, narró la lucha que emprendió desde el año 2017 en contra de la instalación de una empresa cervecera en Mexicali, Baja California, una zona que está en veda desde mediados del siglo pasado ante la baja disponibilidad de agua.

“Estaban violentando nuestra Ley Nacional de Aguas, un acuífero en veda no puede otorgar concesiones de agua y no puede ser sobreexplotado porque ya están sobreexplotados”, expuso la legisladora por el estado de Baja California.

Asimismo, la senadora aseguró que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ya presentó una Iniciativa de reforma para crear un Código Nacional de Protección al Ambiente “para que las autoridades no se pierdan entre tantas leyes ambientales”.

Nabani Vera Tenorio, director de comunicación de Isla Urbana, planteó tres ejes de acción para hacer frente a la crisis hídrica: Impulsar proyectos y políticas públicas para la captación de agua de lluvia en viviendas, centros escolares, en las industrias y en zonas rurales; impulsar la conservación de los bosques, pues es parte esencial para el ciclo del agua; y, promover un proceso de socialización y comunicación con la sociedad de este tema.

Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo del Agua de la UNAM, dijo que el 90 por ciento de los efectos del cambio climático se experimentan en el ciclo hidrológico, por lo que tratar de ver el cambio climático como algo solamente en el sector energético o sector transportes es invisibilizar una gran parte del cambio climático que tiene que ver con el agua.

Tamara Luengo Schreck, fundadora y directora de Aqueducto, consideró que la crisis hídrica no es una crisis de recursos, sino más bien una crisis de gestión.

“Hemos estando usando el agua en sitios donde no hay agua, importándola de cuencas y haciendo malabares para traer aguas a territorios donde naturalmente no necesariamente hay agua. Estamos usando esta agua de formas mucho más rápidas de las cuales la naturaleza puede gestionar o controlar de forma natural alterando los ciclos hídricos y también estamos usándola de formas que no son buenas, contaminandola excesivamente”, opinó Luengo Schreck.

Alejandra López Rodríguez, directora del Programa de Soluciones Hídricas y Climáticas de México, indicó que no se puede pensar la administración de los recursos hídricos como un tema solo de infraestructura gris sino también de fuentes de suministro y de soluciones basadas en la naturaleza. “Necesitamos que haya inversiones en infraestructura azul y verde”, subrayó.

Bernardo Serrano, oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, expuso que esta oficina cuenta con una serie de informes temáticos relacionados con el impacto de megaproyectos en el agua y los riesgos de la privatización de la misma.

“Ya hay estándares muy desarrollados que pueden dar respuestas a muchas de las preguntas que se plantearon y que podemos integrar a una Ley General de Aguas, contar con una norma que verdaderamente permita garantizar estos derechos humanos”, aseveró Serrano.

José Antonio Rodríguez Tirado, consultor internacional en manejo de recursos hídricos, dijo que una inversión del .6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) sería suficiente para revertir la situación del agua en México.

“Estamos hablando de 108 mil millones de pesos, no es mucho porque estamos hablando que en este país existen niños de menos de cinco años que mueren por la falta de servicios de agua y saneamiento. Eso no puede ser, no puede seguir pasando”, expresó Rodríguez Tirado.

Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital, dijo que la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992 requiere una actualización ante los fenómenos climáticos actuales. Una nueva legislación en materia de aguas debe considerar que dos terceras partes del territorio mexicano son zonas áridas o semiáridas, que 106 municipios son vulnerables a la sequía y que el 26 por ciento de los municipios están en alto riesgo por inundaciones y grandes huracanes.

En tanto, el ambientalista César Daniel González Madruga consideró que la gente debe perder el miedo al tratamiento de las aguas residuales y el tabú de que esa agua ya no sirve para consumo humano.

En ese sentido, consideró que el tratamiento de aguas en el mismo domicilio donde se consume puede ser la solución al problema de desabasto de agua en muchos lugares del país.