Miguel Ángel Schultz

La desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca por la 65 Legislatura local representa, entre otras cosas, el crecimiento de la confrontación entre el poder fáctico de los ex gobernadores Murat y el mandatario Salomón Jara Cruz. No es sólo un asunto de la estructura del aparato de impartición de justicia, ya que la estancia era dominada por fieles colaboradores de José Murat Casab y Alejandro Murat Hinojosa, que gobernaron por 12 años la entidad.

El organismo estaba presidido por el magistrado Manuel Velasco Alcántara, quien tenía una percepción de tres millones de pesos anuales, y los otros 11 integrantes del Tribunal recibían 2.5 millones de pesos; es decir que del presupuesto de más de 54 millones de pesos con el que contaba, gran parte de estos recursos se destinaban a mantener salarios por arriba de lo que percibe el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Sumados los años 2020, 2021 y 2022, el Tribunal recibió por parte del Congreso de Oaxaca ciento cuarenta y tres millones cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos ocho pesos, de los que en gran medida Velasco Alcántara, dispuso a placer.

Llama la atención que los que defienden al desaparecido Tribunal de Justicia Administrativa, no mantengan la misma actitud con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside Norma Piña, que se caracteriza por oponerse al Gobierno de la 4 Transformación y en Oaxaca defiendan lo indefendible. Veamos porqué:

A decir del diputado Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Politica de la 65 Legslatura del Congreso de Oaxaca, promovente de la Iniciativa de Ley que puso fin a este organismo, solo atendía uno o dos casos al mes, teniendo un rezago impresionante de expedientes a resolver.

Asegura que a partir de que concluyó el sexenio de Murat Hinojosa -30 de noviembre de 2022-, empezó el Tribunal de Justicia Administrativa a impartir una justicia y a condenar al Gobierno de la 4 Transformación en Oaxaca, a pagar reclamos de inconformes con el actuar de la administración pública que encabezó Murat hijo.

Es decir que el Tribunal que presidió Velasco Alcántara, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no hizo nada por atender las denuncias de corrupción de la administración que lo puso en el cargo, para cuidar las espaldas a sus benefactores.

Asimismo, de los 12 magistrados del Tribunal en su mayoría fueron destacados priistas, que ante  el desmoronamiento del tricolor y la debacle que vive el vetusto partido se refugiaron en el organismo donde aún pudieron prestar un servició estratégico, es decir impedir que la administración de la Primavera Oaxaqueña, como define su Gobierno Salomón Jara -que lleva apenas ocho meses de mandato- barra la corrupción, como las escaleras, de arriba para abajo, como dice el presidente López Obrador.

La otra posibilidad que existe es que Manuel Velasco Alcátara, cobró vida propia y empezó a administrar para sí el negocio y a pedir mochadas por fallar contra el gobierno de Salomón Jara, sin pensar en las consecuencias para sus benefactores.

Las fallas que le señalan a la propuesta de Silva Romo, es que la sesión donde desaparecieron el mostrenco ex Tribunal fue en sesión extraordinaria sabatina (sábado 22 de julio de 2023) y fue creado el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO), que duro menos de 20 minutos.

En otra sesión extraordinaria, convocada a menos de cuatro horas de la primera, nombraron a los nuevos magistrados que estarán por siete años al frente de la Sala Superior, Mateo Martínez Martínez, Manuel de Jesús López López -ex procurador General de Oaxaca en la administración de Gabino Cué-, e Itzel Espinosa, ex contralora del Congreso de Oaxaca, cercana al grupo morenista que preside el actual secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

Tal vez el pecado, sea la falla técnica, la velocidad con la que se actuó para fulminar el mostrenco Tribunal de Justicia Administrativa que regenteaba Velasco Alcántara, ya que en el Congreso de Oaxaca, Morena y aliados tiene una aplanadora de doble rodada, que en este caso contó con 33 de los 42 que la conforman, y solo hubo un voto en contra de la diputada y coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Angélica Roció Melchor Vásquez.

En el nombramiento de los nuevos magistrados, participaron 35 legisladores y de nueva cuenta, en solitario, votó en contra Melchor Vásquez. Hasta el momento de escribir estas líneas los magistrados defenestrados no han dicho “esta boca es mía”. La defensa la ha asumido la diputada perredista, que es asesorada por Adán Córdoba Trujillo, quien fue coordinador de asesores de Morena en la 63 Legislatura local.

Perla Woolrich Fernández, dirigente del Partido Acción Nacional en Oaxaca, asumió la defensa del desaparecido Tribunal de Justicia Administrativa, ya que la diputada Naty Díaz, anunció su renuncia al PAN, del que fue lideresa estatal y candidata a gobernadora en los comicios pasados de 2022, donde fue electo Salmón Jara; el otro diputado panista en la 65 Legislatura del Congreso, es el hermano de Naty Díaz, Leonardo Díaz Jiménez.

Es obvio que haciendo uso de su vínculos con los medios de información de los ex gobernadores de Oaxaca, la defensa es mediática y en espera que desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se de línea que resuciten al difunto Tribunal. ¿Qué pasará si ellos, los exmagistrados renuncian a regresar al cargo?