* Luis Raúl González Pérez dictó la conferencia “Los derechos humanos y el periodismo”, en el 66 aniversario de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”
* Demandó modernizar la legislación sobre libertad de expresión y que considere criterios internacionales
México, DF., 19-may-2015.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registrados 100 homicidios de comunicadores, ocurridos del 1 de enero de 2000 a la fecha; 21 periodistas desaparecidos, desde 2005, y 45 atentados contra medios de comunicación, desde 2006, en el país, informó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Al dictar la conferencia ”Los derechos humanos y el periodismo”, al inaugurarse los actos conmemorativos del 66 aniversario de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”, agregó que esto da cuenta de la magnitud de las agresiones, lo que debe obligar a las autoridades a atender este problema en todas sus fases: prevención, capacitación de los servidores públicos, condena de las agresiones, investigación oportuna y sanción de los responsables.
“Ante el clima de agresiones que sufren los periodistas y la impunidad que prevalece -dijo-, se han adoptado diversas medidas, entre las que se encuentra la denominada federalización de delitos, para que de esta manera la autoridad federal pueda atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas o cualquier persona, en los que se adviertan atentados contra la libertad de expresión, imprenta o contra instalaciones de medios de comunicación”.
En el desempeño de su profesión, los periodistas cuentan con una CNDH comprometida con garantizar el debido respeto a la libertad de expresión, que impulsa mejores mecanismos para la seguridad de los comunicadores y trabaja por las mejores causas de la democracia, agregó.
Al tiempo que reconoció que en México existen avances en la normatividad y mayor libertad de expresión, que se ejerce con más apertura por la sociedad y, en especial, por los periodistas y comunicadores, González Pérez manifestó que ello contrasta con el aumento de riesgos para el ejercicio de ese derecho, derivando en un alto número de agresiones, y traduciéndose en menos investigación y falta de resultados efectivos, además de autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, generación de espacios de silencio en el país y vulneración de los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática.
Durante la conferencia en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, puso en relieve que, de acuerdo con diversas organizaciones nacionales e internacionales, las amenazas e intentos por coartar la libertad de expresión han convertido a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.
Acompañado en el presídium por el doctor José Luis Vázquez Baeza, director General de la escuela, González Pérez, el ombudsman nacional demandó modernizar la legislación sobre libertad de expresión, para que sea acorde con las nuevas exigencias de la comunicación en el marco de una sociedad democrática.
Para ello, enfatizó, deben considerarse las disposiciones contenidas en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por nuestro país, los recientes criterios o tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las aportaciones doctrinarias en materia de prensa y libertad de expresión.
“La CNDH, reconociendo que en tiempos difíciles la libertad de expresión cobra más relevancia que nunca, está comprometida a través de su Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, para atender de forma oportuna las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, buscando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos y adquieran mayor sensibilidad ante las actividades realizadas por los periodistas y defensores civiles”, aseguró.
Apuntó que para el ejercicio pleno de la libertad de expresión también se requiere del fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR y el compromiso de las procuradurías estatales de investigar las amenazas y evitar que se hagan efectivas, eliminar la impunidad, no descartar de inicio que el móvil de los atentados se deriva de la actividad periodística y agotar todas las líneas de investigación antes de cerrar los expedientes.
Respecto del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, puntualizó que debe cumplir eficazmente su obligación de otorgar medidas adecuadas de seguridad y auxilio, de manera congruente, oportuna y proporcional a los riesgos que enfrentan.
Asimismo, destacó que se impulsarán las mejoras señaladas por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la sistematización de casos, los protocolos de evaluación de riesgos y la capacidad del personal que lleva a cabo dichas evaluaciones, así como garantizar que los estudios de riesgo y la implementación de las medidas urgentes de prevención y protección se realicen de manera adecuada, en los plazos previstos por la ley; que dichas medidas no sean sustituidas o retiradas antes de la resolución de eventuales inconformidades y garantizar la coordinación entre los distintos órganos del Estado federal y las entidades federativas, para su adecuado funcionamiento.
González Pérez concluyó al mencionar que la labor periodística implica valor, integridad, inteligencia, capacidad de síntesis y la difícil habilidad de presentar los distintos puntos de vista y los diferentes hechos inherentes a la noticia que se relata, principios que se adquieren en la escuela, la cual inculca valores como sabiduría, prudencia en juicio, honestidad, objetividad e imparcialidad, entre otros atributos que cumple la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”.
