Tres han sido a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tres a municipios: Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Guichicovi y Villa de Tutepec de Melchor Ocampo, dos al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), una a la Secretaría de Vialidad y Transporte (Setravi) y otra a la Secretaría del Trabajo.
La 01/2012 fue emitida a la PGJE, ante la queja de ciudadanos por violaciones a sus derechos humanos a la libertad, a la integridad, a la seguridad personal y a la privacidad, durante una detención, efectuada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Se dio a conocer que la PGJE informó que se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa y la averiguación previa por el delito de tortura, la cual se encuentra en trámite.
En tanto la reparación del daño, queda sujeta a la determinación que se tome en la Averiguación Previa. “La reparación del daño no se ha dado por cumplido en virtud que se trata en materia de derechos humanos y no de una investigación de un delito, por lo tanto, no podemos tenerlo por cumplido”.
La PGJE acreditó ante la DDDHPO que se han dado cursos en materia de derechos humanos y tácticas de prevención de tortura a los elementos de seguridad, a través de la Academia de Formación Profesional.
Durante la sesión presidida por el defensor del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, se informó que la segunda recomendación también fue dirigida a la PGJE. Esta se refiere sobre que agentes estatales de Investigaciones, sin contar con la orden correspondiente, se introdujeron al negocio de compra y venta de vehículos usados del quejoso, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, de donde sustrajeron diversas unidades de motor.
Ante este hecho se emitió la recomendación. El 23 de agosto de 2012 se cumplió parcialmente sobre la devolución de los vehículos “toda vez que ya se habían devuelto la mitad de los vehículos que habían sido asegurados de manera ilegal”.
En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa se encuentra en trámite. Y la Procuraduría acreditó el curso proporcionado a los elementos de seguridad.
En esta reunión, donde estuvo presente el visitador general, Juan Rodríguez Ramos, se dio a conocer que la recomendación 03/2012 se dirigió a la Setravi donde se acreditó las violaciones a la legalidad y seguridad jurídica, luego que los quejosos señalaron que cumplieron con todos los requisitos para tener el título de concesión, sin embargo, no les han permitido efectuar el trámite para la regularización y emplacamiento de sus unidades de motor ni la renovación de éstas. Por lo que la Defensoría emitió la recomendación, la cual fue aceptada, sin embargo, no se han realizado las acciones solicitadas.
En la 04/2012 se emitió una recomendación a la Secretaría de Trabajo, la cual fue aceptada y aun se espera la notificación sobre su cumplimiento.
La 05/2012 fue dirigida al IEEPO, la cual se cumplió; la 06/2012, fue dirigida al ayuntamiento de San Juan Guichicovi, esta fue aceptada y cumplida parcialmente, por lo que aún está por cumplirse; 07/2012 fue dirigida a la PGJE y cumplida parcialmente, por lo que aún está en trámite.
En tanto, la recomendación 08/2012 dirigida a la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, ha sido totalmente cumplida.
La 09/2012 está dirigida al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, la cual se encuentra en trámite y la Defensoría otorgó una ampliación del término para su cumplimiento, además, solicitó al Congreso del Estado agilizar los procesos legislativos de la Ley de Juicio sobre la Protección de Derechos Humanos y al Poder Judicial del Estado reglamentar el funcionamiento de la Sala Constitucional, con el fin de que las recomendaciones no cumplidas se puedan llevar a juicio en contra de las autoridades omisas.
La recomendación 10/2012 tiene que ver con los albergues infantiles, la cual ha sido aceptada por el IEEPO y está en proceso de cumplimiento.
En tanto, las alertas tempranas fueron emitidas por la Caravana a San Dionisio del Mar, por la minera Cuzcatlán de San José del Progreso y por el retraso en la instalación de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Ante este informe, el consejero Bernardo Rodríguez sostuvo que ante el incumplimiento de algunos puntos de las recomendaciones “hacer uso de lo que ya tenemos, como presentar denuncias penales, la ley nos permite, pero también hacer uso de otras acciones, que no están en la ley, para poder generar un sistema mucho más garantista, así como fortalecer las alertas tempranas”.
A su vez, la consejera Sara Méndez señaló que es necesario darle seguimiento puntual a los diferentes casos e informar de ello a la opinión pública, con el fin de que se cumplan a cabalidad las recomendaciones.
En su oportunidad, el consejero Héctor Lorenzo Estrada, indicó que hay que ocupar todas las herramientas, mecanismos e instrumentos jurídicos para que se cumplan las recomendaciones, pero prioritariamente que se prevengan las violaciones con las alertas tempranas.
La consejera María Eugenia Mata, refirió que la Defensoría no debe ser omisa y debe actuar cuando es necesario.
Por su parte, el consejero Pedro Matías, señaló que se pase de los discursos a los hechos, “cuando empecemos a sancionar, se va a empezar a reflejar lo que tiene la ley o el reglamento, mientras no haya contundencia y sanción para los que están violando los derechos humanos, que omitan las alertas tempranas, ellos van a seguir ignorándonos”.
En tanto, Peimbert Calvo indicó que se tiene que aprovechar las tecnologías en el quehacer de la DDHPO: “Nosotros tenemos la titularidad jurídica de defender al pueblo, tenemos que defenderlo con todas las herramientas que tengamos”, manifestó.
En esta sesión, dieron a conocer que la DDHPO inició dos expedientes de queja con motivo de los hechos ocurrido el 22 de julio del 2012, cuando se registró un enfrentamiento entre un grupo de personas identificado con el movimiento #Yosoy132 y policías municipales, durante el cual, presumiblemente, se presentaron violaciones a los derechos humanos.
Las y los consejeros, mencionaron que la resolución que se emita en este caso deberá ser lo suficientemente firme y contundente, a fin de sentar un precedente y con ello evitar violaciones a derechos humanos derivadas del uso ilegítimo de la fuerza pública.
Durante esta sesión, también aprobaron el calendario de sesiones ordinarias del 2013. La primera se realizará el 8 de enero.
