* Analizan en el Senado “Resumen del Diagnóstico de Trata Laboral en México”
* México, segundo proveedor de víctimas a Estados Unidos, después de Tailandia

Ciudad de México.- Senadores de la República reconocieron la importancia de la trata de personas en materia laboral y precisaron que se debe advertir la diferencia entre este concepto y la explotación laboral para dar un mejor tratamiento en lo legislativo.

La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, Adriana Dávila Fernández, afirmó que es muy importante discernir si es lo mismo la explotación laboral que trabajo o servicio forzado, que servidumbre forzada o forzosa, para poder entender con mayor claridad el fenómeno delictivo y atenderlo desde sus causas estructurales.

Durante la presentación del Resumen del Diagnóstico de Trata Laboral en México, de la Asociación Civil Polaris. Freedom happens now, la legisladora del estado de Tlaxcala señaló que mientras se visibilice a la trata de personas, desde el punto de vista de explotación sexual, se verá que existen 25 fines de explotación, en donde convergen países que hacen este intercambio de mercancía humana como si fuéramos objetos.

Dávila Fernández dijo que valdría la pena revisar en dónde debe estar la persecución del delito de trata de personas, o cómo fortalecer las áreas que están haciendo este proceso de investigación y procuración de justicia a través de la PGR, para perseguir concretamente la delincuencia organizada, pues la trata no sólo se da en el ámbito doméstico, ni en ella participa exclusivamente una persona o dos personas.

A su vez, Miguel Ángel Chico Herrera, senador y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aseguró que en el Senado se está preocupado por el tema de la trata de personas pero, sobre todo, se está ocupado en éste, por lo que ha abierto sus puertas a la sociedad civil y a la investigación, para que con su información y puntos de vista se enriquezca el trabajo legislativo.

El senador del PRI, Tereso Medina Ramírez, dijo que el problema de trata en México tiene como raíz los flujos migratorios, al ser un país de tránsito y destino. Es tan grave la situación, argumentó, que México se caracteriza como el segundo proveedor de víctimas a Estados Unidos, después de Tailandia.

Señaló que se necesita la práctica de un sindicalismo responsable para México, que vea por el desarrollo integral del ser humano en todos los aspectos, que rechace y combata la explotación y discriminación laboral.

La senadora Lucero Saldaña Pérez recalcó que la trata laboral es un fenómeno multidimensional que debe atenderse desde distintos enfoques, desde la perspectiva de derechos humanos y de género, y que debe considerarse para el análisis de los diagnósticos y programas de acción.

Al señalar que la trata de personas con fines de servidumbre doméstica afecta principalmente a niñas, niños y mujeres de comunidades rurales en situación de pobreza, analfabetas, indígenas y migrantes, apuntó que la información de Polaris, abonará a que gobiernos, sociedad civil, academia y empresarios trabajen de manera conjunta para erradicar este mal no solamente en declaraciones y leyes.

Isaías González Cuevas, senador y secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, precisó que hace falta una reforma laboral secundaria para terminar con el sindicalismo blanco, para que se reconozcan sus derechos a los trabajadores, para tomar decisiones, a qué sindicato quieren pertenecer o si crean su organización sindical.

El Resumen del Diagnóstico de Trata Laboral en México, fue expuesto por su autor Emilio Maus, y por Brad Myles, CEO Polaris, quienes destacaron que el número de personas sometidas a trabajos forzados, incluyendo explotación sexual, se calcula en 379 mil 47, cifra que dista mucho del número de víctimas identificadas por las autoridades mexicanas, que de acuerdo con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, hasta 2014, se identificaron dos mil 10 víctimas de trata.

Hicieron ver que los factores que facilitan la trata son la economía, migración temporal y dependencia de la mano de obra barata, aunado a la corrupción, impunidad, delincuencia organizada y endurecimiento de controles fronterizos, mientras que las poblaciones más vulnerables son los migrantes, grupos indígenas y menores de edad; y los sectores agrícola, doméstico y maquila, en donde hay más trata.

Entre los retos identificados, se encontró el reclutamiento en el sector agrícola, pues está dentro de las prácticas que facilitan la trata, así como la existencia de limitaciones en la aplicación de las leyes por parte de las autoridades laborales, la falta de acceso a la justicia y la falta de reconocimiento de las autoridades y respeto a la autonomía sindical.

El quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo, manifestó la disposición de la Comisión para trabajar con el Senado sobre este tema tan importante y agregó que la trata de personas debe ser vista como un derecho humano, porque derivado de ella hay personas que son víctimas.

Yolanda Verduzco Guzmán, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la SEIDO, detalló que, de junio de 2016 a la fecha, se han iniciado 26 carpetas de investigación, de las cuales se han judicializado 16 por tráfico de personas; de las cuales se han obtenido cuatro sentencias condenatorias por ese delito y se ha sentenciado a ocho delincuentes.

Raúl Benjamín Anel Moreno, director de igualdad laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aseguró que el no denunciar este fenómeno limita el trabajo de los inspectores y que no es posible llegar a empresas agrícolas pues no están registradas.

Ricardo Sánchez García, de la Asociación de derechos Humanos Samuel Ruiz, resaltó la importancia de poner el tema en la agenda de las autoridades estatales y tomar en cuenta el contacto directo con las personas más vulnerables.

Paulino Rodríguez Reyes, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, pugnó porque se aplique la ley y que se denuncie; y Liliana López Gracián, Centro de Derechos del Migrante, destacó que existen abusos e impunidad en el reclutamiento y contratación de las personas, los cuales afectan directamente las condiciones del empleo.